¿El último botellón?

El «botellódromo» de Granada vive sus últimas horas este fin de semana, con las dudas sobre las posibles alternativas de ocio nocturno frente a un espacio que ha llegado a congregar a miles de jóvenes en los últimos años.

Inaugurado a principios de 2007, este recinto será clausurado de manera definitiva a partir del próximo 1 de septiembre tras un acuerdo consensuado por los grupos políticos municipales.

Granada se sumará así a otras muchas capitales españolas que a lo largo de los últimos años habían ido cerrando estos espacios, surgidos en un principio para despejar los centros históricos de ruidos, suciedad o ataques al patrimonio . Problemas de orden público como estos, asociados en muchos casos al consumo masivo de alcohol , habían originado numerosas quejas de quienes residen en el entorno reclamado durante demasiado tiempo una solución definitiva.

Solo desde 2013 y hasta junio del presente año, las denuncias tramitadas por botellón han superado las 6.600, a lo que hay que sumar varios centenares más por ruidos en la vía pública y en viviendas , según el balance facilitado a efe de la Policía Local. La concejala de Protección Ciudadana y Turismo, Raquel Ruz, ha destacado que Granada entrará así en la «normalidad nacional» ya que era una «negativa excepción» como única capital española que mantenía un espacio de este tipo, con lo que comenzará a desterrar esa imagen pública asociada al botellón.

«Granada debe potenciar su cultura y su patrimonio y no el turismo de borrachera », ha recalcado la edil, que esta misma semana ha participado en el arranque de diferentes comisiones municipales que tratarán de articular una alternativa al cierre del botellódromo. Dado que existe el temor de que una vez cerrado este recinto el consumo de alcohol se reparta por otros puntos de la ciudad e incluso se traslade a viviendas con las mismas molestias a los vecinos , el Gobierno local estudia vías para atajar el problema.

La responsable de Protección Ciudadana y Turismo, insiste en que se aplicará «con rigurosidad» la ordenanza de la convivencia, que prevé sanciones de hasta 3.000 euros para quienes sigan bebiendo alcohol en la vía pública , y que incluso se plantea una modificación de la normativa que controle más los ruidos en las viviendas de las zonas cercanas.