El padre de Luis Rubiales, procesado en una de las piezas de los ERE

Últimamente no hay día en el que Luis Rubiales , el presidente de la Real Federación Española de Fútbol , no esté en el centro de todas las informaciones de este país. La Supercopa de España, Luis Enrique y ahora el caso de los ERE de Andalucía, aunque en este caso es protagonista de forma indirecta. El juez que instruye el caso de los ERE en Andalucía ha procesado a su padre, Luis Manuel Rubiales, quien fuera delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Granada y alcalde de Motril.

En concreto, el juez José Ignacio Vilaplana , que asumió la instrucción del caso de los ERE irregulares de la Junta de Andalucía desde que María Núñez Bolaños , la titular del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla se diera de baja por enfermedad, ha dictado un auto por el que continúa como procedimiento abreviado la causa abierta contra nueve personas -entre las que se encuentran el padre del presidente de la Federación Española y una representante de CCOO-A - en una pieza separada que investiga «la presunta ilicitud» de las ayudas concedidas por l a Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta a las entidades Cespa y Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) entre los años 2006 y 2007 «a fin de solventar el conflicto laboral que venían manteniendo con los trabajadores del sector de la limpieza pública de la provincia granadina, ayudas instrumentalizadas a través de la financiación de distintas pólizas de seguro».

Esta pieza separada es una de las más de 180 que aún están en instrucción y pendiente de ser juzgadas. Hasta la fecha sólo se ha juzgado la causa política y el resultado ha sido la condena de 19 ex altos cargos de la Junta vinculados al PSOE-A , entre ellos los expresidentes M anuel Chaves y José Antonio Griñán .

El magistrado Vilaplana, en el auto dictado en la pieza de la limpieza de Granada, decreta la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra un total de nueve personas al entender que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

Para el juez, entre otros motivos, es «irregular que las subvenciones y ayudas se concedieran por la Junta sin llevar a cabo algún tipo de análisis económico que permitiera comprobar si estas ayudas, en sí mismas, eran procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario, especialmente en lo que se refiere a que las empresas Cespa y FCC no tuvieran capacidad económica para hacer frente, en todo o en parte, a los compromisos asumidos» por el director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero ante los trabajadores para terminar con la huelga de limpieza en la provincia.