Fraude a la Seguridad Social
Medio centenar de investigados por defraudar con el subsidio agrario en Granada
El cabecilla de la organización, de 60 personas, se encuentra en paradero desconocido y no ha podido ser detenido
Pagar por cotizar para luego cobrar el subsidio agrario . Ese era el servicio que prestaba la trama que está siendo investigada por un presunto fraude a la Seguridad Social en Granada , cuyo desfalco. Según ha informado el diario Ideal por fuentes próximas al caso, la Inspección de la Seguridad Social eleva a 600.000 euros el importe defraudado por una organización compuesta por 60 personas .
Una veintena de investigados pasó este miércoles por sede policial tras ser citados para declarar por este presunto fraude. Fueron puestos en libertad con cargos. Restan por testificar el resto de integrantes de esta organización, en cuya cima se situaría un cabecilla que se encuentra en paradero desconocido . Está huido y ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil , que han participado en la operación, han logrado detenerle por ahora.
Este modus operandi no es nuevo y, de hecho, una parte de los detenidos son viejos conocidos de este tipo de fraudes y ya fueron detenidos en otra operación similar. En total, el número de beneficiarios del presunto fraude asciende a 120. Cada una de esas personas habría pagado para poder alcanzar las 35 peonadas requeridas y así recibir un subsidio anual de unos 2.600 euros, esto es, poco más de 400 euros el mes .
En este caso, las alarmas de la Seguridad Social saltaron al cotejar la excesiva cantidad de peonadas rubricadas por un supuesto empresario agrícola que, sin embargo, carecía de la cantidad de terreno suficiente para justificar el tan elevado número de jornales, de acuerdo con las comprobaciones efectuadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza ( Seprona ) de la Guardia Civil.
La Policía Nacional se sumó a la operación para comprobar el alcance de la trama y descubrió la existencia de hipotéticos terratenientes que, pese a carecer de fincas en propiedad , realizaban contratos a personas que teóricamente se encargaban de su vigilancia, si bien el único fin de estos trabajo radicaba en pagar para poder cotizar.
Penas de cárcel
La ley contempla el fraude en el caso de aquellas organizaciones dedicadas a la obtención de estas ayudas o cuando la estafa supere los 50.000 euros. Los que resulten culpables en este proceso podrían enfrentarse a penas de entre seis meses y tres años de cárcel . Además, deberán abonar una multa como mínimo similar a la cuantía defraudada , si bien podría multiplicar por seis la misma, y perderán la opción de recibir subvenciones durante un tiempo de tres a seis años.
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