El juez decreta una orden de detención de Juana Rivas

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha ordenado la detención de Juana Rivas , la vecina de la localidad granadina de Maracena en paradero desconocido desde que incumpliera el 26 de julio la orden judicial de entregar a sus hijos al padre , condenado en 2009 por un delito de lesiones en el ámbito familiar, después de que no haya comparecido este martes ante este tribunal, que mantiene abiertas diligencias por la vía penal para dirimir si ha podido incurrir en un delito penal de retención ilícita de menores .

Así lo han aclarado este martes fuentes judiciales en un comunicado después de que la madre granadina no haya comparecido esta mañana ante el juez, diligencia prevista con el fin de que pudiera declarar sobre la situación creada por la retención de los dos hijos menores , en paradero desconocido.

Tras examinar la solicitud de Francesco Arcuri , el padre de los menores, residente en Italia, que sí ha acudido al juzgado , donde también estaba citado este martes, y el criterio del fiscal, el juez ha valorado que «la existencia de un presunto delito de sustracción de menores», y constando asimismo en autos que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado « no han podido localizar a la investigada , ni en su domicilio, ni en el de sus familiares próximos, ni de éstos o de cualquier otra persona se ha obtenido información sobre su paradero, se impone procesalmente, como siempre que se concurren estas circunstancias, la decisión de acorda r la detención y puesta a disposición judicial ».

Más allá de esta orden de detención y presentación ante el tribunal, el juez ha indicado en su auto que «no procede la adopción de otras medidas cautelares».

En este sentido, el juez explica que «no pueden obviarse las consecuencias de esta resolución de detención, y consiguientemente, valorándose que esta decisión judicial es incompatible de cara al futuro con la posibilidad de abandonar el país por parte de la investigada, y que la resolución judicial sobre los menores supone el mismo impedimento para la salida de éstos del territorio nacional, reputamos que las que tienen por fin asegurar la disponibilidad de la investigada y la restitución de los menores, ya han sido adoptadas; y que respecto a otras que pudieran ser pertinentes, el momento procesal oportuno para resolver sobre su procedencia, será una vez que la investigada sea localizada y puesta a disposición judicial, valorándose lo que tenga que decir y la situación de hechos en dicho momento, sin perjuicio de que si los menores fueran hallados bajo su guarda o de cualquier tercero, el cumplimiento de lo acordado civilmente obliga a que los menores sean inmediatamente y sin excusa entregados al padre ».