JUSTICIA
Jueces para la Democracia denuncia presiones políticas en el caso de Juana Rivas
Critica que se inste al incumplir las resoluciones judiciales y que se acuse a los magistrados de estar inaplicando las normas
La Asociación profesional Jueces para la Democracia ha criticado las presiones políticas para que no se cumplan las resoluciones judiciales del caso de Juana Rivas , la madre granadina que evita cumplir la orden de entrega de los menores a su expareja, residente en Italia.
En un comunicado difundido este jueves, la referida asociación profesional de corte progresista considera injustificadas las acusaciones a los magistrados que están interviniendo en el caso de la madre granadina y «las evidentes presiones desde el ámbito político pidiendo la inejecución de las resoluciones judiciales -tal como si los órganos judiciales pudiesen decidir no ejecutar lo juzgado cuando precisamente están obligados por la Constitución a ello- y la minimización del efecto del incumplimiento de las resoluciones judiciales ».
En el mismo comunicado la asociación rechaza asimismo las acusaciones que de otro lado se hace a los jueces y juezas intervinientes de estar inaplicando las normas , sugiriendo que la actuación de la Justicia en este caso responde a un decisionismo arbitrario, a la despreocupación por los menores, y a la ignorancia de las normas nacionales o internacionales aplicables.
Jueces para la Democracia sostiene que «el interés de los menores es un interés superior de nuestro ordenamiento, pero no el único, cuya concreción también está encomendada a los Tribunales y al Ministerio Fiscal. También son valores superiores de nuestro ordenamiento el derecho a la tutela judicial efectiva de todas las personas, el cumplimiento de las leyes y de las resoluciones judiciales, que son firme sustento de nuestro Estado de Derecho ».
En este sentido, la asociación de magistrados solicita «mesura y ponderación, especialmnente en los responsables públicos» a la hora de expresar opiniones e ideas sobre resoluciones judiciales concretas e insta al Consejo General del Poder Judicial a hacer un pronunicamiento expreso en defensa de las actuaciones de nuestros Tribunales.
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