Granada insiste en su decisión de subir el 50% del IBI a viviendas vacías de «grandes tenedores»
El Ayuntamiento aprueba el expediente para llevar a cabo la propuesta, así como un IBI diferenciado para casinos y otros establecimientos. Queda por resolver el desarrollo normativo que delimite a los afectados
Granada se encamina a aprobar definitivamente la subida al 50% del IBI a las viviendas vacías de grandes tenedores . La medida, que se anunció hace ahora dos meses y cuyo penúltimo trámite se aprobó ayer en la comisión extraordinaria de economía , queda a expensas únicamente del trabajo normativo conforme a la legislación actual, que deberá delimitar, precisamente, qué es un gran tenedor y qué es una vivienda vacía.
A priori, según la legislación nacional , hablamos de aquellos propietarios que acumulen diez o más viviendas o bien posea una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Siempre sin contar los garajes y trasteros. Es así según la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno casi al compás del anuncio de esta subida fiscal por parte del consistorio granadino.
En cuanto a la denominación de vivienda vacía, hay que irse al Instituto Nacional de Estadística (INE) para definirla. Literalmente, aquella «que no es la residencia habitual de ninguna persona ni es utilizada de forma estacional, periódica o esporádica por nadie».
Más allá de lo ambiguo o no del término, la cuestión es que, en todo caso, el tema, aunque olvidado de la primera plana en los últimos meses tras la polémica de octubre , sigue creando un debate importante. Prueba de ello es que la oposición en el consistorio granadino, liderada por el Partido Popular , sigue tomando una posición clara a la contra.
Por su parte, desde el gobierno de la ciudad, se insiste en la necesidad de una progresividad fiscal al respecto. Entre los principales afectados, apuntaba el concejal de Unidas Podemos Paco Puentedura en su momento, «no entran aquellos que tengan una segunda residencia sino especuladores» .
Ley de Vivienda
La medida, como ya se ha dicho, nació a tenor de la última ley aprobada por el Gobierno al respecto, y en la que se pretendía regular el precio del alquiler. Desde la Junta de Andalucía , como desde otras administraciones, ya se avisó de que dicha regulación no se iba a llevar a cabo, teniendo en cuenta que la decisión final se la concedía esta legislación a las propias comunidades autónomas .
De alguna manera, lo que sí ha conseguido es poner blanco sobre negro la denominación en sí de «gran tenedor» , que hasta el momento no estaba nada clara, y que ahora permitirá con más facilidad tomar medidas como la del ayuntamiento granadino.
Al contrario que los partidos políticos de la oposición , que a pesar de mostrar su postura contraria han decidido no tomar cartas en el asunto en lo que respecta a la ordenanza, esos «grandes tenedores» sí se han movilizado para evitar la subida fiscal.
Durante el periodo de exposición pública para el estudio y la remisión de alegaciones , varios particulares presentaron las suyas. Los propietarios de la plaza de toros de Granada , por ejemplo.
Otros, se movilizaron afectados por otra parte controvertida de la modificación fiscal: la aplicación de parte tipos diferenciados del IBI a casinos, salones de juego, gasolineras, bancos, salas de fiesta, discotecas o colegios mayores. Varias empresas de este tipo tomaron el mismo camino alegando su disconformidad.
La oposición, de hecho, reclama que estos negocios, acuciados por la crisis derivada de la Covid , tendrán que sufrir agravantes fiscales cuando aún están remontando el vuelo.
Sea como sea, la redistribución, según se refleja en la modificación de la ordenanza, posibilitará ampliar el marco de tramos, de 60.000 a 62.000 euros, para recibir la bonificación del 90% en el recibo de este impuesto, lo que, se espera, pueda ayudar a familias desfavorecidas.
En cuanto a la recaudación, los datos previstos son todavía confusos hasta donde se sabe. En un principio, se especulaba en torno a dos millones de euros como «estimación» . Las previsiones se basaban en un registro de 2013, que decía que el 80% de las 15.000 viviendas vacías registradas se ceñían a grandes tenedores . Otro estudio del INE, más actual, lo reflejaba en el 20%.
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