TRIBUNALES
El fiscal cree que el exalcalde de Granada «influyó» en la cesión irregular del palacio del Albaicín
En la nueva causa acumulada por Torres Hurtado, ve tráfico de influencias, malversación y prevaricación en la operación pergeñada con una ONG marroquí
La Casa Ágreda, un palacete del siglo XVI que fue colegio de la Divina Infantita en pleno Albaicín de Granada , fue la causa de una polvareda vecinal cuando, en 2008, el entonces alcalde, José Torres Hurtado, trató de venderla para uso hotelero. Pero por lo que más la recordará el exregidor del Partido Popular será por una operación para enajenar el inmueble a favor de una organización no gubernamental marroquí, pergeñada en 2014 y también frustrada.
La operación ya está en los juzgados tras la denuncia formulada por la Fiscalía de Granada contra, entre otros, Torres Hurtado. En un concurso que pudo estar amañado, planteaba el derecho a compra de la Casa Ágreda en un plazo de diez años a esta ONG denominada AIDE Federatión con sede en París .
La izquierda llamó la atención sobre lo que entendía que iba a ser una pérdida económica y patrimonial para la ciudad. La Casa Ágreda se convirtió en uno de los arietes que blandió la oposición contra Torres Hurtado en su último año al frente del Ayuntamiento de Granada antes de que la operación Nazarí contra una supuesta trama de corrupción urbanística le llevara a ser detenido y a dimitir.
El pasado diciembre, la Casa Ágreda llega a la Fiscalía Provincial en una iniciativa de Vamos Granada, la agrupación en la que está Podemos en el Ayuntamiento de Granada. Con su portavoz municipal, Marta Gutiérrez , figuraban como denunciantes el hoy alcalde socialista Francisco Cuenca y el concejal de IU, Francisco Puentedura. La denuncia se sumaba a la que había interpuesto anteriormente ante la Fiscalía Superior uno de los empresarios denunciantes en la operación Nazarí.
La Fiscalía Provincial ve supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos en la forma de proceder del ex alcalde que «influyó para que dicha oferta saliese adelante, considerando necesario que el expediente en cuestión se tramitase por la Concejalía de Urbanismo» cuando «debería haber sido tramitada» por la de Patrimonio. También aparecen como denunciados quien fuera su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y su mano derecha en el área, Manuel Lorente, investigados a su vez en la causa general contra el urbanismo en la ciudad.
La denuncia del fiscal sobre la operación para enajenar la Casa Ágreda, que ayer adelantó Ideal, ha recaído en el Juzgado de Instrucción 9 de Granada. No se contempla que pueda acumularse a la causa Nazarí, aún bajo secreto de sumario en otro juzgado granadino.
Una vez admitida a trámite, el juez podrá proponer nuevas pruebas o informes sobre el inmueble, y llamar a declarar a los investigados entre los que están también otros cuatro técnicos que participaron en el proceso, y los componentes de la junta de Gobierno local que participaron en las sesiones de 12 de septiembre de 2014, que aprueba los pliegos de condiciones, y de 6 de marzo de 2015 que acuerda la adjudicación.
El PSOE, que paralizó la operación a su llegada al Gobierno municipal, exigió ayer responsabilidades al PP que se desmarcó de estos hechos aludiendo a que Torres Hurtado y Nieto están suspendidos de militancia en el partido.
La valoración de 1,6 millones de euros que el Ayuntamiento hizo del inmueble fue prácticamente idéntica a la cantidad ofrecida por AIDE que anteriormente la había visitado y a posteriori invitó a unas jornadas en Marruecos a dos concejales del PP con todos los gastos pagados. La tasación era mucho más baja que una realizada en 2008 por 6 millones y otra de 2012 por 4 millones.
En su decreto, el fiscal José María Suárez-Varela , incide en que la Casa Ágreda está calificada como equipamiento de interés público y social. Pero su rehabilitación y «el mero hecho de que la asociación adquiriente lo destinara a hogar de acogida de mujeres maltratadas, guardería infantil para sus hijos, banco de alimentos y vestido y centro de formación lingüística», no explicarían que «el Ayuntamiento lo enajenase a una entidad privada por un precio muy inferior a las tasaciones».
Además, «si analizamos los pliegos de condiciones técnicas y de cláusulas particulares, no aparece ningún requisito que obligue a la asociación al uso social» de la Casa Ágreda, añade el fiscal para el que el derecho de superficie con opción de compra que se estableció como fórmula de enajenación realmente « encubre un contrato de arrendamiento por importe total de 360.000 euros del que resulta la cantidad de 541,66 euros; con una opción de compra sin precio alguno o gratis».
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