El exalcalde de Granada Torres Hurtado niega que prevaricara en el primer juicio por el Caso Nazarí
La primera de las piezas separadas de la macrocausa, el caso «Obispo Hurtado», donde la exconcejala de urbanismo junto a un técnico del Ayuntamiento de Granada también aparecen como imputados, se ha juzgado este jueves
Cinco años ha tardado en sentarse en el banquillo de acusados el que fuera alcalde de Granada durante casi tres lustros. La Operación Nazarí , que dio un vuelco absoluto a la política granadina en 2016 tras las detenciones de José Torres Hurtado y la para entonces concejal de urbanismo, Isabel Nieto , sigue su proceso judicial , con toda la complejidad que lleva cada uno de los casos.
Pasados estos cinco años, de los siete expedientes por los que fue detenido a Torres Hurtado, van cayendo a su favor poco a poco, con tres de esas ahora siete piezas separadas ya archivadas. Y eso mismo parece, a juzgar por el primer día de juicio, valga la redundancia, que ocurrirá con el caso «Obispo Hurtado» , nombre que recibe por el edificio de viviendas sobre el que se imputan presuntas irregularidades urbanísticas en su construcción.
Prevaricación común, urbanística y tráfico de influencias son los delitos de los que se acusan tanto a Isabel Nieto, exconcejala de Urbanismo , como a Torres Hurtado y al técnico del consistorio granadino y exdirector general de licencias del Ayuntamiento de Granada, Emilio Martín Herrera .
El centro de la cuestión está en la concesión municipal de primera vivienda y la supuesta prevaricación en ella por parte de los acusados. Ambos tenían la propiedad de parte del edificio que se iba a construir y ellos, según la acusación, habrían posibilitado a través de su condición de alcalde y concejal de urbanismo respectivamente, conceder dicha licencia irregularmente.
La defensa por su parte, ha pedido que se eliminen los delitos de prevaricación al no constar «ninguna resolución prevaricadora», puesto que habían delegado las competencias en otro concejal librándose de cualquier sospecha, pidiendo así la absolución de ambos.
Así opina también la propia Fiscalía , quien, aunque admite lo expuesto por la acusación, ha pedido el archivo del caso en tanto que, dictaminan, este procedimiento no se debía llevar a cabo por la vía penal, sino por la administrativa. Tras conocerse el escrito de la fiscal, el Ayuntamiento de Granada, que estaba personado como acusación popular, secundó la decisión en los últimos meses.
Quedó al frente este jueves, por tanto, al frente de esa acusación popular, Ramón Arenas, empresario denunciante y clave en desmontar la trama por parte de la UDEF. Ya antes de entrar a los juzgados de Caleta en la capital granadina, el abogado defensor de Torres Hurtado anticipaba que «el juicio sólo responde a intereses del denunciante » señalando al empresario, que a día de hoy, como ha declarado a lo largo de este tiempo, se encuentra «arruinado» tras lo sucedido.
Quienes evitaron preguntas a la puerta de los juzgados fueron los propios Torres Hurtado y Nieto, también Emilio Martín Herrera, único acusado no político en este caso todo sea dicho, quienes entraron por la puerta trasera para evitar el aluvión de periodistas.
Durante la comparecencia ante el juez del exalcalde y la concejal, la tónica ha sido constante. Negación absoluta de los hechos que se le imputan. De alguna manera, la explicación de ellos ha acabado por ser confusa en algún momento para el propio juez, quien ha pedido aclarar los tres delitos y sus especificaciones. A saber, como ya se ha dicho, prevaricación urbanística, prevaricación común y tráfico de influencias. «Si no nos pasa como a los malos toreros, que parece que estamos toreando y lo que estamos es dando capotazos», señalaba el magistrado.
El tráfico de influencias , ha copado parte de los interrogatorios, en tanto que el abogado en representación de Arenas ha señalado a ambos exrepresentantes públicos por «haberse prevalido de sus cargos públicos y ocultar que eran promotores con beneficio económico, más siendo alcalde con conocimiento de los asuntos urbanísticos». Asimismo, por «intervenir en el expediente sancionador y en su condición de concejales, reducir la sanción y evitar la demolición de los balcones instalados, ilegalmente permitidos, así como la restauración de la altura mínima de los pisos».
A ese respecto, tanto Hurtado como Nieto se escudan en que se trataba de competencias delegadas en un tercer concejal, y que en todo caso, la votación, donde se enfrentarían sus intereses particulares, sobre la licencia en ningún caso tuvo lugar con ellos, ni hubo firma ninguna por su parte.
Inciden, tal y como ha destacado Nieto, que «dicha licencia ya estaba dada por el Ayuntamiento cuando adquirieron el inmueble», por lo que ese conflicto no habría ocurrido siquiera en caso contrario.
Aclaraba Torres Hurtado, de nuevo, que «no intervino ni en el expediente de primera ocupación ni en el sancionador». Algo que luego ha ratificado Martín Herrera en su comparecencia. Ni siquiera «pisó la obra», incidía, ya que tenía absoluta confianza en su hermano, Antonio Torres Hurtado, promotor del edificio de viviendas señalaba el exalcalde. Todo a preguntas de su propia defensa, eso sí, toda vez que se han negado a contestar a la acusación.
El juicio, que cuenta con 17 testigos ha terminado este jueves y hasta que el juez no dicte sentencia, queda por ver si se convierte en el cuarto expediente que el exalcalde de Granada, el más longevo hasta la fecha con tras 13 años en el cargo, esquiva dentro de la macrocausa del Caso Nazarí.
Además, caminará el tiempo, todavía se debe esclarecer el más grave de los delitos que se le acusa, el de «organización criminal» y que vertebró la operación. Esta, como bien es sabido, consistiría en una trama dentro del propio consistorio granadino para favorecer siempre al mismo grupo de empresarios de la construcción de la ciudad, beneficiándose de ello técnicos y políticos, y que deberá demostrarse a lo largo de cada pieza separada.
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