Los actos vandálicos pro Hasel en Granada cuestan 30.000 euros

Enérgica protesta del Ayuntamiento, que exige sanciones para los alborotadores

Imagen de los contenedores ardiendo en la noche del miércoles ABC

Carlos Landa

El gobierno local condena enérgicamente los actos vandálicos sucedidos ayer miércoles 17 de febrero en Granada y brinda todo el apoyo a la Subdelegada del Gobierno, Inmaculada López Calahorro, para que «en manifestaciones violentas, no autorizadas y de tipo vandálico, como la de ayer, dé las instrucciones precisas para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado intervengan con contundencia evitando daños injustificables a la ciudad con total impunidad», asevera el alcalde Luis Salvador.

El primer edil granadino afirma que «los altercados fueron premeditados, por lo que eran previsibles» , por tanto, «intolerables», a la vez que subraya que «como equipo municipal preferimos que se empleen las medidas duras que la legislación contempla para evitar que estos daños se produzcan o puedan repetirse, antes que inducir que las sirenas policiales se limiten a acompañar o custodiar manifestaciones violentas por no tener las instrucciones para evitar estos comportamientos y perjuicios».

Salvador insiste en que en España las leyes y los delitos están tipificados y todos los españoles tenemos que acatar y respetar. «No es admisible una manifestación no autorizada que, además de provocar daños y causar destrozos múltiples, genere temor en la población y desperfectos de todo tipo en la ciudad», insiste.

Daños por valor de 30.000 euros

La edil de Medio Ambiente, Pepa Rubia, ha informado sobre el «menoscabo en bienes de dominio público» como la quema de 25 contenedores, cuya limpieza y reposición asciende a 30.000 euros. Rubia indica que, tras los hechos vandálicos, un operativo especial de limpieza ha realizado hasta primera hora de esta mañana «tareas de puesta a punto y reposición antes de la salida de las personas a sus puestos de trabajo y de las familias a llevar a sus hijos al colegio». Confía también en que la Justicia «condene estos hechos, ya que se han conculcado derechos constitucionales».

El concejal de Protección Ciudadana, César Díaz , al igual que el alcalde y la edil de Medio Ambiente, ha condenado y ha mostrado su repulsa por los hechos de ayer. Entiende que al ser la manifestación previsible «es preciso anticiparse a la información de las redes sociales para dimensionar los dispositivos y prepararse para contener estas expresiones de violen cia», y enfatiza en que «debe iniciarse el procedimiento sancionador para evitar que puedan repetirse acontecimientos semejantes o puedan pasar desapercibidos bajo el paraguas de la libertad de expresión estas actuaciones violentas e injustificadas».

Los cuatro detenidos pasaron la noche en los calabozos de la Jefatura Superior de Policía y está previsto que a lo largo de hoy queden a disposición judicial.

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