TURISMO

Denuncian en Fiscalía un parking ilegal en Sierra Nevada

Funciona sin licencia por no contemplar las medidas de seguridad de acceso que contempla la normativa

El aparcamiento, a pleno rendimiento ABC

DIEGO MÁRQUEZ

El Partido Popular va a denunciar ante la Fiscalía de Granada el aparcamiento «Kilómetro 31» de la estación de esquí de Sierra Nevada que está funcionando sin licencia ya que «no se podía aprobar por no cumplir con las medidas de seguridad en el acceso al espacio».

La diputada provincial María Merinda Sádaba espera que el Ministerio Público determine «si se ha podido incurrir en algún delito y se depuren responsabilidades» en cuanto a la gestión de Cetursa, la empresa pública dependiente de la Junta que dirige la estación invernal.

«Estamos hablando de un espacio que carece de todos los preceptos legales en cuanto a condiciones urbanísticas para ser utilizado como parking público y carece igualmente de licencia de actividad para ser gestionado como parking », ha apostillado Sádaba.

Fue el portavoz del PP en Monachil, Félix Rodríguez, quien comprobó en persona que este aparcamiento ilegal estaba funcionando «con normalidad» gestionado por personal de Cetursa. Conocía bien el asunto ya que, como alcalde de la localidad el pasado mandato municipal, trató de regularizar su situación sin éxito ya que el reglamento de carreteras impedía dar licencia por el problema de accesos.

Los hechos se denunciaron ante la Guardia Civil y Policía Local «porque consideramos que se está cometiendo un grave delito contra los usuarios del aparcamiento, contra los propios vecinos de Monachil y los empresarios locales que pagan religiosamente su licencia», ha indicado Rodríguez que ha lamentado la «dejación de funciones» del actual equipo de Gobierno municipal de PSOE e IU.

Sin que conste si se fiscaliza este gasto ni las medidas de seguridad a aplicar si fueran necesarias, el parking cobra 5 euros por vehículo al día, con una media de 200 coches diarios, lo que supone 1.000 euros por jornada. No hay una tasa que regule el precio fijado por vehículo y usuario.

«¿Quién asumiría la responsabilidad de estar ejerciendo una actividad como negocio sin que tenga todos los preceptos legales para que pueda ser explotado como tal? ¿Sería María José López, como directora de Cetursa, quien daría la cara? », se ha preguntado a este respecto la diputada popular María Merinda Sádaba.

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