TRANSPORTE
Denuncian los abusos de los revisores de la LAC de Granada
El PSOE estudia emprender acciones legales tras las reclamaciones de centenares de usuarios en los autobuses de la línea de alta capacidad que atraviesa el centro de la ciudad
Los malos modos de los revisores de los autobuses ecológicos de la Línea de Alta Capacidad que recorren el centro de Granada es ya un problema político que va camino de convertirse en judicial. No cesan las quejas por la mala educación y los abusos de estos operarios por parte de usuarios que además alertan del mal funcionamiento de las máquinas de las paradas donde han de pasar las tarjetas «credibus» antes de montarse en el vehículo.
El sistema entró en funcionamiento en el verano de 2014 con la puesta en marcha de la LAC, una lanzadera que comunica con las líneas tradicionales de autobús que dan cobertura a los barrios.
Si en los autobuses tradicionales se paga ante el conductor, en la LAC el usuario ha de pasar su tarjeta en la parada sin que nadie en principio le controle. Esa labor de control la hacen dentro del autobús los revisores, una novedad en el transporte público de Granada que incitó a algunos al fraude y que, en un primer momento, incluso fue dificultosa para los viajeros, sobre todo mayores.
Con el paso de los meses, casi todo el mundo sabe cómo funciona el sistema si bien los fallos de las máquinas se han convertido en tónica dominante y también en excusa para aquellos que tratan de no pagar.
Lo cierto es que las reclamaciones y denuncias se cuentan por centenares. «Me hicieron sentirme como un delincuente porque el bonobús no tico bien», ha lamentado Enrique Pavés, un afectado que ha narrado «el esperpento» al que fue sometido por unos revisores que «lo citaron horas más tarde en unas oficinas cerradas para cobrar una multa, sin que además existiera resguardo o papel de denuncia que a día de hoy no he recibido».
Tras invitarlo a bajar del bus una vez que comprobaron que no había pagado, «me encerraron entre los dos» para enseñarle «cómo se picaba» y luego informarle que había de pagar «40 euros y si no pagaba llamaban inmediatamente a la Policía para que pagara 200».
Enrique Pavés interpuso una reclamación que aún no ha sido contestada, y una instancia en el Ayuntamiento.
El grupo municipal socialista estudia emprender acciones legales por el comportamiento de los revisores , según ha informado su portavoz, Francisco Cuenca que ha indicado que «creemos que no es legal que los revisores ejerzan la función de un Policía Local y consideremos desproporcionado que se trate a los usuarios como delincuentes, máxime cuando las máquinas expendedoras fallan y no ofrecen las mínimas garantías de accesibilidad».
Ante las vejaciones y abusos denunciados por los usuarios, Cuenca también ha resaltado, en una rueda de prensa con afectados, el «afán recaudador» de las multas pues el PP, que gobierna en Granada, es en su opinión «incapaz de cuadrar las cuentas de un sistema de transporte insostenible».
Los datos aportados por el PSOE hablan de unas 300 sanciones al mes, que si se abonan en el momento suponen para las arcas municipales unos ingresos anuales de unos 150.000 euros.
