CASO JUANA RIVAS
El caso de Juana Rivas queda visto para sentencia: «La violencia está ahí»
Francesco Arcuri y la Fiscalía piden prisión para la madre de Granada, que justifica su actuación por los malos tratos
El juicio del caso Juana Rivas ha quedado visto para sentencia tras la sesión que ha tenido lugar este miércoles en los juzgados de Granada , donde la madre de Maracena ha defendido su inocencia frente a las acusaciones de su expareja, Francesco Arcuri, y la Fiscalía, que piden para ella una pena de cinco años de cárcel por dos delitos de sustracción de menores; uno por cada hijo. Rivas ha salido satisfecha, esperanzada y confiada en que el juez opte por su absolución, lo que supondría un espaldarazo al resto de causas relacionadas en las que está inmersa.
Este juicio, en el que se trata de esclarecer si la madre incurrió en algún delito cuando en 2016 decidió no regresar a Italia y permanecer con sus hijos en España, es solo una parte, aunque fundamental, del laberinto legal en el que está sumida Juana Rivas; diversos colectivos feministas y el mismo Centra de la Mujer de Maracena que la atendió desde su vuelta a España atribuyen su situación a una cadena de fallos del sistema judicial.
Su defensa ha tratado de demostrar que Rivas tenía razones para huir de Italia, ya que el delito que se le imputa requiere que su actuación no esté justificada. En su caso, habría sido el maltrato al que estaba sometida lo que le llevó a hacer todo lo que ha hecho: «Vale que no nos metamos en detalles, pero los episodios de violencia están ahí» , ha aseverado Rivas a la salida del juicio.
Elementos periféricos
El letrado de Juana Rivas, José Estanislao, ha apuntado en el juicio que «hay elementos periféricos de sobra para creer que existió esa violencia» por parte de Francesco Arcuri y que Juana es víctima de maltrato, como reconoce una sentencia por agresión en 2009 o los informes psicológicos del Centro de la Mujer de Maracena, cuya asesora jurídica, Francisca Granados, ya desimputada en esta causa, la ha acompañado este miércoles.
«Ha hecho en todo momento lo que le han dicho que haga», ha señalado Estanislao. Sin embargo, la denuncia por violencia de género que Rivas interpuso en 2016 después de huir sigue, a día de hoy, prácticamente igual de estancada que entonces: «Si no se ha tramitado no es culpa de Juana». Y que ella, después de un mes en paradero desconocido con sus hijos, se entregara, es «un ejemplo de que no tenía intención de sustraer a los niños».
A pesar de todo, cuando la madre decidió no regresar a Italia –tenía el billete de vuelta comprado–, Rivas le comunicó al padre de sus hijos que podría visitar a sus hijos en España que quisiera, como acredita un correo electrónico aportado a la causa y que no había trascendido hasta la fecha: «Mientras que ella le decía que podía venir a ver a sus hijos, Francesco estaba rellenando los papeles para denunciarla porque no sabía dónde estaban». Además, consideran como prueba que Arcuri pudiera hacer videollamadas a sus hijos con regularidad, hecho que él mismo ha cuestionado en el juicio.
«Hemos sido más objetivos»
«Nosotros hemos sido más objetivos», ha asegurado, por su parte, el abogado de Arcuri, que ha salido «contento» de la sala del Juzgado de lo Penal 1 de Granada: «Hemos ido más al documento que a los hechos» . Para el letrado del italiano, «la única excepción que se puede poner es que estén en riesgo los menores», algo que da por descartado, puesto que los jueces que han abordado el caso hasta la fecha consideran que los episodios de violencia existentes no suponen un riesgo para los hijos, algo que contradice los enunciados del Convenio de Estambul, de 2011 , y la propia Ley contra la Violencia de Genero española desde 2015.
Rivas se ha negado a contestar a las preguntas del letrado de Arcuri, quien también ha declarado por videoconferencia desde Italia para afirmar que durante casi un año no pudo tener contacto con sus hijos en un juicio de máxima expectación. Periodistas, familiares de la madre y activistas del feminismo han abarrotado la sala en la que el juez ha tenido que llamar al orden y expulsar a una persona por los murmullos durante la sesión. Las partes no prevén que la sentencia se emita hasta después del verano.
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