Granada
Un aparejador, cerebro de una trama para regularizar a inmigrantes en la Alpujarra desarticulada por la Policía
El cuerpo de seguridad ha detenido e investigado a 10 personas por elaborar pruebas falsas para reagrupar a familias
La Policía Nacional de Granada ha desarticulado un entramado delictivo tras una operación que se ha saldado con la detención e investigación de 10 personas, siete de ellas españolas y tres extranjeras, como presuntos autoras de al menos cinco delitos de falsedad documental para que ciudadanos extranjeros marroquíes con permisos de residencia regularizaran a sus familias de origen .
La investigación se inició tras descubrir los agentes irregularidades en la documentación presentada por marroquíes para el trámite de reagrupaciones familiares. La investigación abierta desembocó en la localización de un grupo compuesto por varias personas ubicadas en la comarca de la Alpujarra dedicadas presuntamente a falsear documentos con los que pretendían cumplir los requisitos establecidos por la ley para reagrupar esposas e hijos.
La organización operaba en la comarca granadina con un reparto de tareas entre sus miembros perfectamente estructurado. En concreto, una mujer de origen marroquí nacionalizada española era la encargada de captar a los ciudadanos del país magrebí con más de un año de residencia legalizada, requisito indispensable para poder iniciar los trámites de reagrupación familiar y dispuestos a asumir el coste económico del fraude.
Un arquitecto técnico, al parecer el ideólogo del plan, era responsable de buscar a propietarios de viviendas o cortijos de la zona para simular supuestos arrendamientos a los marroquíes , en tanto que un arquitecto visaba los informes técnicos de habitabilidad de las viviendas. Según la investigación estas viviendas utilizadas para los falsos alquileres se encontraban habitadas por los propios dueños y en otras ocasiones carecían de las condiciones mínimas de habitabilidad.
En el marco de la operación también ha sido investigada una empresaria agrícola que actuaba como intermediaria de alguno de los ciudadanos extranjeros que trabajaban para ella y era la encargada de ponerlos en contacto con la captadora y el arquitecto técnico.
Los agentes investigan además la posible participación en la trama de un graduado social que ha intervenido como representante legal en los cinco expedientes fraudulentos descubiertos hasta el momento.
El grupo cobraba diversas cantidades de dinero a los solicitantes por los documentos falseados que pretendían otorgar derecho de residencia ilegal a sus familiares. La tarifa, que oscilaba entre 1.200 y 6.000 euros , variaba en función de la capacidad económica de cada peticionario. La captadora de cada inmigrante percibía 500 euros, que es la misma cantidad que se embolsaban quienes se prestaban a simular los contratos de las viviendas y el resto para el arquitecto técnico y el arquitecto certificador.
