El alcalde de Armilla, ante el juez por los vertidos del Parque Tecnológico de la Salud

El alcalde de Armilla, Gerardo Sánchez, se ha mostrado este miércoles «convencido» de que saldrá absuelto del juicio que comenzó ayer por los vertidos del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada en el que se le pide 1 año de cárcel, multa de 1.800 euros e inhabilitación especial por seis meses por un supuesto delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación administrativa. El dirigente socialista resaltó ayer a su llegada a los juzgados de Granada en el trasfondo político de un caso que fue llevado a los tribunales por el Partido Popular.

El caso, en el que también está imputado por supuesto delito contra el medio ambiente, el ingeniero director de las obras de saneamiento, tuvo una gran repercusión mediática en la provincia de Granada por afectar a uno de los proyectos emblemáticos de la Junta de Andalucía como es el PTS concretamente en su parte del término municipal de Armilla, la principal ciudad del Área Metropolitana.

La construcción y urbanización del plan parcial Campus de la Salud de Armilla se desarrolló en tres fases correspondiendo la tercera al Ayuntamiento de Armilla, según el escrito de acusación provisional de la Fiscalía. Para ello, el 19 de noviembre de 2008, Gerardo Sánchez solicitó una subvención «urgente» para hacer frente a los gastos de ejecución de las obras de saneamiento y pluviales que concedió la Agencia IDEA de la Junta de Andalucía , donde Sánchez fue durante años delegado provincial de Medio Ambiente antes de su etapa como alcalde a partir de 2007.

El alcalde negó ayer en el Juzgado de lo Penal 4 de Granada cualquier irregularidad en la petición de esta ayuda de 450.000 euros y rechazó haber prevaricado o intentado engañar al organismo público.

En su declaración, recogida por Europa Press, explicó que cuando llegó a la Alcaldía las aguas residuales de la localidad se vertían a la acequia Arabuleila por lo que el Ayuntamiento comenzó a intentar buscar una solución. Aprovechando la finalización de la tercera fase de las obra en el PTS, se propuso mejorar la red de saneamiento y las obras se empezaron a ejecutar en 2010. Se recepcionan en 2011 y ese mismo año encarga un informe técnico para solucionar el problema.

El dirigente del PSOE fue relevado ese año por Antonio Ayllón, del Partido Popular , quien denunció el caso, aunque volvió en 2013 a la Alcaldía tras una moción de censura.

El fiscal mantiene que el alcalde procesado «autorizó la conexión de la red inacabada a la acequia Arabuleila para desaguar la red en evitación de que pudiera entrar en carga», con «desconocimiento grave» de las normas de precaución y cuidado que le eran exigibles en atención al cargo que desempeñaba, y tomando una decisión  «sin las autorizaciones legalmente exigibles».

En enero de 2012, agentes del Seprona comprobaron la existencia de caudal de vertido de agua residual procedente de la red de saneamiento a la acequia Arabuleila y procedieron a la toma de muestras que fueron remitidas a la Agencia de Medio Ambiente y Agua.

De tal modo que el Ministerio Público mantiene que «los vertidos ilícitos e incontrolados» en el PTS derivados del incumplimiento de las obligaciones del Ayuntamiento de Armilla «han supuesto una posibilidad de grave perjuicio para los sistemas naturales».