Abren investigación penal a la Junta por el cierre de los comedores escolares de Granada

La Fiscalía Superior de Andalucía está investigando a la Junta por la situación en la que se encuentran más de trescientos alumnos de Granada a los que se ha privado de la única comida en condiciones que hacían al día tras cerrar el servicio de comedor escolar de los centros concertados a los que acuden.

La apertura de diligencias de investigación penal surge tras la denuncia presentada por Comisiones Obreras para aclarar los indicios de delito que podría haber por «denegación de auxilio » por parte de la administración autonómica que acumuló deudas por más de 440.000 euros que llevaron al cierre de los comedores de los principales centros afectados, Luisa de Marillac, San José y Amor de Dios, colegios religiosos que son la única opción para los vecinos de los barrios desestructurdos del norte de la capital. En el centro Ave María Esparraguera (Motril), Padre Poveda (Guadix) y Ciudad de los Niños de Granada mantienen el servicio pero la situación es insoportable.

El secretario general de Enseñanza de CCOO en Granada, Diego Molina , recordaba ayer que la máxima con la que se mueven los educadores que trabajan en la zona Norte de Granada es precisamente la de la garantía de una comida para los menores de las familias más desfavorecidas. Por eso considera inadmisible que «se mire para otro lado» aludiendo a cuestiones legales desde la Junta de Andalucía, cuya presidenta dijo en su día que ningún niño pasaría hambre en Andalucía por los recortes.

La delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, mostró ayer su «respeto más absoluto» a la apertura de la investigación de la Fiscalía, y señaló que el asunto se encuentra en lo que denominó «fase final de resolución» para buscar «otro encaje legal» a estas subvenciones. La plataforma que reúne a padres, profesores y la patronal de la concertada no tiene constancia de este último extremo.