Cortes de luz en Granada, el problema eterno

«Evidentemente, el problema existe. Lo que pasa es que muchos vecinos lo conocen, lo tienen en la puerta de al lado como quien dice, y no lo denuncian porque tienen miedo. Aquí ha habido un montón de manifestaciones y concentraciones a las que algunos no han acudido por lo mismo, por miedo. Aquí amenazaron de muerte a un cura de la barriada de La Paz porque él sí que actuaba, él no se echaba atrás. De hecho, pese a todo, siguió aquí».

Lo dice, exigiendo a cambio conservar el anonimato, alguien que lleva residiendo «toda la vida» en La Paz, uno de los siete barrios que conforman el distrito Norte de Granada, con seguridad el más castigado por el paro y la marginación dentro de la capital, donde viven 24.364 personas, según el último censo municipal.

El cultivo y el posterior tráfico de droga es dinero fácil y rápido. También arriesgado, pero eso último algunos no lo quieren ver. Es preocupante que entre ese grupo de quienes sólo prefieren ver lo cómodo haya niños. En Pinos Puente, una localidad cercana a Granada donde también se cultiva 'maría', un profesor que tampoco quiere revelar su nombre dice que en el colegio, cuando preguntan a un niño en qué quiere trabajar de mayor, una respuesta cada vez más recurrente es: «En los camiones, como mi padre».

Esos camiones son los que transportan la marihuana. Fuentes policiales apuntan a que esa mercancía, obviamente ilícita en su origen, se 'blanquea' durante el trayecto al ser comprada por alguna empresa autorizada y termina vendiéndose en los coffee-shops de Amsterdam, donde el consumo es legal.

Pero el dinero fácil es lo que tiene, que atrae a personas sin escrúpulos. En los diez últimos años, en realidad con más frecuencia cada vez, la prensa se hace eco de heridos y hasta muertos por ajustes de cuentas, de personas a las que dejan tiradas en la autovía de circunvalación de la capital con un tiro en la pierna, de vuelcos –unos narcos roban la droga a otros-, de la presencia de mafias llegadas de otros países…

Dando todo eso por sentado, también es cierto que no conviene nunca que los árboles impidan ver el bosque. En Norte, como se ha dicho, viven más de 24.000 personas y está claro que no todos se dedican a esos quehaceres delictivos. Eso es cosa de una minoría muy minoritaria, valga la redundancia. Según la plataforma contra los cortes de luz, apenas un 2% de la población.

Hablar de esa plataforma, que agrupa a asociaciones de vecinos y varios colectivos –sobre todo religiosos- que trabajan en Norte, viene a cuento porque la droga trae un problema bajo el brazo: esos cultivos intensivos necesitan muchísima luz, que los presuntos delincuentes enganchan de forma ilegal. La compañía suministradora, Endesa, detecta este consumo excesivo y fraudulento y actúa. Trabajadores de la empresa, encapuchados para que no se les reconozca, desactivan los enganches ilegales.

Un dato: decir «excesivo» no es exagerado. Según Endesa, en el distrito hay un bloque, en cuyo portón alguien ha pintado un eufemístico rótulo que lo nombra como 'Hotel Luz', donde se consume a diario tanta energía eléctrica como la que necesita un hospital de gran envergadura, el Virgen de las Nieves.

Nada de lo anterior lo niega la plataforma, pero insiste en que la inmensa mayoría de los vecinos abonan religiosamente sus recibos. Allí, resumen, están pagando justos por pecadores. Según sus datos, se producen tres cortes de luz por hora y cada corte dura como media dos horas, así que «siempre hay por lo menos seis familias en el distrito con la luz cortada».

Lo afirma Rosa García, presidenta de la Asociación de Vecinos de Nueva Cartuja, otro barrio del distrito, donde viven casi 7.000 personas. Está harta de denunciar el deplorable aspecto de algunas calles de allí, que llevan cincuenta años esperando a ser asfaltadas. Pero ciñéndose a los cortes de luz, recalca que hay sitios donde Endesa es especialmente activa. «En la calle Conde de Torreplana, por ejemplo, hay cortes de luz todas las noches, sin faltar ni una».

Francisco Cordón, uno de los portavoces del colectivo vecinal, que el martes 3 de julio formó parte del grupo de residentes que entregó en Correos 23 cartas a todas las instituciones, administraciones y organismos que entienden que pudieran tener alguna competencia en la materia, incluyendo la Casa Real, para que «tomen cartas en el asunto» y atajen un asunto que les impide hacer una vida normal desde hace más de una década.

En el escrito, que toma como referencia una auditoría que la Junta de Andalucía le hizo a Endesa en 2019, se pone de manifiesto que hay 19.826 suministros eléctricos contratados en Norte. De ellos, 14.772 –lo que quiere decir el 74%- son de familias que están al corriente de pago. 4.751 –el 24%- corresponden a familias que padecen lo que se denomina pobreza energética. Que no les llega para pagar las facturas, dicho de otro modo. Y el 2% restante, 303 suministros, los califican como «otros usos». Esos serían, según su criterio, los que se enganchan de forma ilegal.

Los números son discutibles, pero para Cordón no lo es que, en cualquier caso, «Endesa lo que quiere es optimizar la gestión de su red y vigilar el cobro de las multas». No duda que la compañía haya hecho inversiones en los últimos años –casi tres millones en 2022- pero también pone el acento en que podría haber trabajado mejor y gastando menos. «Esto es como cuando tú tienes una humedad en la pared y la arreglas con una mano de pintura y de cualquier manera. Te cuesta 150 euros, pero al cabo de un tiempo está igual o peor y al final te gastas 15.000», razona.

Endesa es la mala, Endesa obtiene pingües beneficios, a Endesa le da igual perjudicar a vecinos que no han hecho nada malo. Sentencias así se han hecho habituales en los últimos años. ¿Son del todo ciertas?

El Defensor del Ciudadano de Granada, Manuel Martín, acude al dicho: «Entre todos la mataron y ella sola se murió». Entiende que Endesa es responsable, pero también las administraciones competentes, que son el Gobierno central y la Junta de Andalucía. «Si aquí se están vulnerando los derechos humanos y no se hace nada durante quince años, está claro que es una situación de ausencia del Estado de Derecho», zanja.

Martín aporta un dato que no se puede dejar de lado: el 14% de las quejas, reclamaciones y demandas que recibió su departamento a lo largo del año 2022 estuvieron relacionadas con los cortes de luz en Norte. Y aunque admite que entre quienes no pagan la factura alegando que no tienen dinero puede haber «algún listillo», le parece un detalle irrelevante. «Aquí el problema es que hay gente que paga la luz y vive sin ella. Y que eso lleva ocurriendo quince años. Punto».

«Lo de la zona Norte es como si tú vas al supermercado, llenas el carro y cuando llegas a pagar con tu dinero la persona de la caja te dice que sólo te puedes llevar la mitad porque en ese supermercado roban por la noche», continúa el defensor, que defiende «que se le dé un tratamiento distinto a cada segmento: a los que pagan, a los que no pagan porque no pueden y a los que delinquen. Pero nunca meterlos a todos en el mismo saco. Y desde luego nunca caer en la inacción, que es lo que está ocurriendo aquí», finaliza.