Tribunales
Condenan a cuatro años de prisión al dueño de un bar ruidoso
El Supremo resalta el «grave desasosiego» que causó a los vecinos el establecimiento
Molestar a los vecinos con los ruidos que emita la televisión y los equipos de música de un bar puede costar muy caro. Es el caso del dueño de un local del municipio de Atarfe, Juan Bautista M. B., que acaba de ser condenado por el Tribunal Supremo a cuatro años de prisión y a pagar 24.000 euros a la familia que le denunció tras verse afectada por el exceso de decibelios de su establecimiento.
El Alto Tribunal confirma así los delitos por los que ya la Audiencia Provincial de Granada condenó en marzo pasado al responsable de esta ruidosa terraza de verano –que ni siquiera tenía licencia-, aunque le rebaja dos años la pena de cárcel impuesta inicialmente. El delito contra el medio ambiente del que se le acusa es, junto con el agravante de no haber pedido «la previa y preceptiva autorización para la actividad», lo que al entender de la Sala de lo Penal del Supremo justifica esta condena.
Los magistrados culpan «la voluntad de persistir» del dueño del bar «en su comportamiento con grosero olvido de los derechos de los demás», es decir, los vecinos denunciantes que estaban «sacrificados al puro egoísmo» del acusado. Una dura recriminación del Tribunal que añade en su sentencia que «hasta la más burda de las sensibilidades» permite conocer «las graves consecuencias de la emisión de ruido», que en la referida terraza alcanzaba hasta cinco decibelios por encima de los máximos permitidos por la legislación vigente.
A este hecho se une que los límites de ruido fueron superados durante siete años, «lo que deriva en grave desasosiego para quienes los padecen». Por ello, el Supremo condena al regente del bar a pagar también más de dos mil euros a cada uno los cuatro miembros de la familia que vivía junto a su establecimiento a razón de las faltas de lesiones que les ocasionó. Finalmente, el inculpado tendrá que abonar una multa de 5.400 euros al Ayuntamiento de Atarfe , que decretó el cierre cautelar de la terraza en abril de 2011 por su escandalosa actividad.