El Gobierno incluye una «prueba de madurez» en la nueva Selectividad sin concretar cómo se evalúa

La futura prueba de acceso a la Universidad, que Educación quiere empezar a implantar a partir del curso 2023/2044 con la idea de que esté plenamente en vigor en el de 2026/2027, está plagada de lagunas y «traslada un mensaje negativo de menor necesidad de esfuerzo y exigencia académica», advierte el documento que han elaborado técnicos de las Consejerías de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación.

El modelo redactado por Educación se inspira en el sistema de aprendizaje que propugna la nueva ley de enseñanza, la polémica Lomloe, basado a su vez en los exámenes del Informe Pisa, con los que la OCDE evalúa a casi 80 países. El novedoso formato valorará más las competencias del alumno en el terreno comunicativo o el pensamiento crítico que la adquisición de conocimientos disciplinares o la memorización de conceptos.

La Junta envió esta semana al ministerio el documento que recoge sus alegaciones y objeciones a las pruebas de Evaluación de Acceso a la Universidad (EVAU) que, a su juicio, están marcadas por la improvisación. Se han creado dos comisiones, una de carácter más político integrada por el ministerio y las regiones y otra con expertos universitarios y profesores de Secundaria, para perfilar el contenido y la forma de la nueva Selectividad, que se testará en una muestra de alumnos.

Los trabajos, que comenzaron este jueves con la primera reunión, deben estar finalizados en junio de 2023, un plazo que para la Administración autonómica es demasiado corto, por lo que solicita que se amplíe el periodo gradual de implantación. Los estudiantes matriculados en Primero de Bachillerato, así como los que han comenzado tercero y cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria, tendrán que jugarse su futuro profesional mediante un modelo transitorio de Selectividad diseñado por el Gobierno que incluye cambios en el actual sistema aunque de menor calado.

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La Junta recomienda a la ministra Pilar Alegría (PSOE) que la fórmula transitoria se quede como la definitiva «para seguir permitiendo al alumnado presentarse a cuatro pruebas [en lugar de dos], circunstancia que favorece las posibilidades de acceso del alumnado a las distintas universidades», según expone en el documento.

El principal punto de fricción entre la Junta y el Gobierno es la nueva prueba general de madurez académica, que sustituirá a los exámenes de Historia de España e Historia de la Filosofía y que contará el 75% en la calificación desde el curso 2026/2027, cuando la reforma esté completada. Al Ejecutivo andaluz le parece desproporcionado el peso que tiene este ejercicio. «Si el alumnado no demuestra suficiente solvencia se verá limitado su derecho a la admisión a la Universidad» por una única prueba, razona su informe. Propone reducir su aportación hasta el 25%.

El citado ejercicio de madurez «no está sujeto a elementos curriculares concretos y definidos» y «únicamente se mencionan destrezas», lo que, a juicio de la Junta, «dificulta una evaluación objetiva y unificada» y va a dar pie a «diferencias entre comunidades autónomas, tanto en los procesos de elaboración de la citada prueba, como en los de la realización de las guías de corrección y en los mecanismos de evaluación», advierte el informe redactado por la Junta sobre la EVAU.

Almudena García Rosado, directora general de Ordenación, Inclusión, Participación y Evaluación Educativa de la Junta, cree que la cultura del esfuerzo –por la que apuesta la consejera Patricia del Pozo y, antes que ella su antecesor, el fallecido Javier Imbroda– «no se ve reflejada» en una prueba de madurez académica «tan general que no marca unos criterios objetivos». La reforma reduce el número de exámenes opcionales de un máximo de cuatro a dos. «Se corre el riesgo de que el alumno se dedique a las materias que entren en el examen y abandonen el resto», añade. Ello va en detrimento del esfuerzo y la exigencia académica, toda vez que los estudiantes podrán «recibir el título de Bachiller» con una materia suspensa, recuerda.

Las mismas dudas alberga Lorenzo Salas Morera, el director general de Coordinación Universitaria de la Consejería que dirige José Carlos Gómez Villamandos. «Lo más destacado es la falta de concreción de la propuesta del ministerio: no sabemos en qué va a consistir esa prueba subjetiva», asegura. Para realizar el nuevo ejercicio de madurez académica se le entregará a cada alumno «un dosier» formado por varios documentos, que podrán ser textos (literarios, noticias o artículos de opinión), fotografías, infografías, material audiovisual o de otra clase, que versarán sobre un mismo tema. «Eso parece interesante, pero hay muchas preguntas sin contestar. Aún no sabemos en qué va a consistir, qué material se va a entregar, si la prueba será similar para todos los alumnos que se examinan en España, quién va a evaluarla o cuáles van a ser los criterios de corrección. No sé si el ministerio lo tendrá pensado, pero en el documento no consta en qué consiste, por lo que no podemos estudiarlo a fondo», lamenta Salas.

Para que haya una homologación real de los exámenes de acceso a la Universidad, Andalucía pide que se haga una prueba única el mismo día y a la misma hora en toda España, como sucede con las oposiciones de Educación que convocan las autonomías.