La Fábrica de Moneda frustra el envío de 75.000 tarjetas de aparcamiento para discapacitados en Andalucía

El Gobierno andaluz hizo el encargo a la FNMT confiado en que, al tratarse de una entidad estatal, iba a ofrecerle más garantías de seguridad que otras empresas privadas. Quince meses después del primer contrato que ascendía a 17.932,20 euros, la Junta de Andalucía sólo ha recibido una remesa de 5.000 documentos defectuosos. La partida, que fue enviada el 21 de junio de 2022, presentaba fallos en el tintado y las marcas de agua.

Ese fue sólo el primero de una cadena de errores y avatares que ha hecho perder la paciencia de la Administración andaluza. En la consejería están preocupados por que el problema del suministro termine atascando la entrega de documentos acreditativos. El director general de Personas con Discapacidad de la Junta, Pere Calbó, lamenta que los «reiterados» incumplimientos y retrasos de la Fábrica de la Moneda «están afectando a los derechos de los andaluces que tienen reconocida una discapacidad». «No podemos permitir que se pongan en peligro estos derechos. Por eso, hemos decidido abrir el abanico de ofertas y sondear a otras empresas del mercado» para expedir las tarjetas, declara a ABC.

Tras el envío de la primera partida de documentos defectuosos, el organismo que depende de la ministra María Jesús Montero pretextó una serie de contratiempos relacionados con el suministro de materiales para justificar que no había hecho efectiva la entrega de las primeras 38.000 tarjetas en condiciones óptimas. Tras dar por buenas sus explicaciones, la consejería decidió darle un voto de confianza y tramitar un nuevo encargo de 75.000 tarjetas para facilitar que los residentes en Andalucía que tienen reconocido un determinado grado de discapacidad obtuvieran la autorización oficial para utilizar las plazas reservadas en la vía pública.

Lejos de remitir, los problemas se multiplicaron. A las dificultades técnicas se sumaron trabas jurídicas que han impedido formalizar hasta ahora un nuevo contrato, tras rescindirse el primero. El detonante fue un cambio en los estatutos por el que la FNMT adquiría la condición de «medio propio» de la Administración, según relató el responsable autonómico. Esta modificación imposibilitaba que asumiera el encargo con similares condiciones.

En el transcurso de este trámite, la sociedad estatal le envió dos propuestas de subidas de precio, una de ellas desorbitada que encarecía el coste de cada tarjeta desde los 0,49 céntimos de euros propuestos el pasado mes de febrero hasta nada menos que 10,90 euros por unidad, un incremento que Calbó tilda de «surrealista» y que, según le trasladó después la FNTM, obedecía a un error que contenía la oferta económica. Así se lo hizo saber en la última propuesta enviada el 6 de junio pasado.

Entre tanto, el reloj seguía corriendo a toda mecha y, con él, se acrecentaba la desesperación de la Administración autonómica, temerosa de que la expedición de los retrasos de la Fábrica de Moneda causaran un perjuicio a las personas con discapacidad.

Tras el baile de tarifas, el precio final propuesto por la empresa estatal se quedó fijado en 0,83 céntimos por tarjeta. Como se habían solicitado 75.000 documentos, el coste que acarrearía a las arcas autonómicas sería de 62.617,50 euros. Menos de lo que recogía la penúltima oferta, pero por encima de los cálculos iniciales. Merced a la última oferta, el organismo iba a cobrarle a la Junta por las mismas tarjetas un 68,3% más de lo que le pidió cuatro meses antes.

Esta situación «esperpéntica», como es calificada desde la consejería, tiene sus consecuencias para el ciudadanos, advierten. Dificulta «gravemente» la posibilidad de emitir las tarjetas a las personas que tienen ese derecho reconocido. En concreto, complica el cumplimiento del decreto ley del 20 de diciembre de 2022 por el que se adoptan medidas de carácter extraordinario y urgente en materia de Renta Mínima de Inserción Social, bono social térmico y de simplificación de los procesos de expedición del título de familia numerosa y de atención a personas con discapacidad.

A la espera de valorar las ofertas solicitadas a otras empresas y después de perder 15 meses esperando a la FNMT, la consejería está facilitando documentos acreditativos con algunos defectos de carácter menor que no impiden su utilización.

Para frenar la picaresca y el uso fraudulento de las autorizaciones por parte de personas que no tienen discapacidad, la Junta de Andalucía ha optado por emitir documentos sin fecha de caducidad. Es decir, tienen un carácter indefinido en general, salvo para aquellas personas que presenten una discapacidad reconocida pero de forma provisional. De este modo, trata de poner coto a la circulación descontrolada de tarjetas de estacionamiento que «perjudican a los legítimos destinatarios de esta prestación», subraya Pere Calbó.

La tarjeta de aparcamiento de vehículo para personas con movilidad reducida es personal e intransferible y debe utilizarse para facilitar los desplazamientos de este colectivo, se pone de relieve desde la consejería.

El actual modelo de tarjeta cuenta con una serie de medidas de seguridad que evita su manipulación. Desde la Administración se han lanzado diversas actuaciones para concienciar a la ciudadanía sobre el buen uso de este documento tan codiciado. Se incorporó un simulador en la página web de la consejería para que las propias personas pudieran comprobar previamente la pertinencia de solicitarla. Además, la Junta está desarrollando una campaña de sensibilización a través de redes sociales en la que se advierte de los perjuicios que causa un uso indebido.

Lejos de representar un privilegio, la tarjeta garantiza un derecho, insisten. Cubre la necesidad de las personas con discapacidad para llegar y acceder al lugar con la mayor facilidad o autonomía posibles. Las plazas reservadas son esenciales para acudir a los centros sanitarios, pero también para ir a la farmacia, a cursar los estudios correspondientes, al trabajo o al supermercado.