Viviendas con piscina social

Un artículo d e Rafael Díaz Vieito (véase «Menos mociones y más hechos» , publicado en este periódico el pasado día 3 de octubre) ha puesto, como suele, un dedito en la llaga. Decía nuestro notario liberal de cabecera: « Vimcorsa [está] lejos de donde debiera, que no es otra cosa que la rehabilitación, especialmente de un casco histórico abandonado, la instalación de ascensores para evitar auténticos secuestros en vida y la construcción de viviendas para alquileres con fines sociales, es decir, allí donde la iniciativa privada no llega». Estimaba el artículo, con el que estoy parcialmente de acuerdo, que el papel de una promotora pública no es hacer lo que hacen los demás promotores sino, precisamente, lo que esas empresas no hacen.

La realidad es que la empresa pública dedicada a construcción de viviendas del Ayuntamiento de Córdoba lleva muchos años sin poner un ladrillo en la ciudad consolidada. No ya en el Casco, donde ha desarrollado promociones a lo largo de su historia, sino en barrios de la capital que no son de nueva creación. Sus planes a corto y medio plazo consisten en la creación de promociones que se llaman de precio limitado (antes, de régimen autonómico) eufemismo creado por los sucesivos gobiernos regionales para vender los pisos lo más caro posible a familias con la renta más alta posible. En concreto,hasta 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem, 7.519,59 euros al año en su rango alto). Las últimas promociones presentadas por el alcalde Bellido, que vienen de un plan realizado por IU, salen a la venta por 145.000 euros más impuestos con urbanización con piscina. Plaza de garaje, aparte.

Lo que ha ocurrido con Vimcorsa desde hace años es lo que está pasando con la iniciativa pública de vivienda. Vive la ilusión de la iniciativa social cuando sus agentes son, casi de facto, empresas que operan en el mundo inmobiliario. Su única diferencia real es que los clientes pasan por un registro, los precios del suelo están tasados y subvencionados, y las sucesivas transmisiones del bien raíz están controladas por la legislación. A cambio, la vivienda pública de alquiler está casi desaparecida, que es una demanda objetiva de las familias con menos renta y de los jóvenes que se emancipan. El drama de los desalojos se hubiera paliado con un parque público de vivienda de tamaño europeo. Lo que está ocurriendo con los mayores serìa distinto con más viviendas adaptadas o más jóvenes con posibilidades de independizarse.

Obligadas a tener beneficios (es una exigencia legal), empresas públicas como Vimcorsa llevan mucho tiempo construyendo donde pueden (los nuevos barrios con un 30% de reserva obligatoria de VPO ) para obtener unas plusvalías que le permitan emprender otras promociones donde puedan obtener plusvalías. Y así sucesivamente. La realidad es que, independientemente del partido que gobierne (porque con IU y el PSOE esto fue igual, de hecho empezó con ellos), la intervención pública anda huérfana.

La cosa, y aquí es donde difiero con el notario, es que no está mal construir y vender en Poniente si es para derivar los beneficios a otros lugares, como el Casco Histórico, necesitados de vitaminas. Urgentes, por cierto. Ni siquiera, que lo que se obtenga de la venta de suelo municipal en esos barrios (el Ayuntamiento pilla cacho siempre) tenga esa finalidad. Lo cierto es que algo hay que hacer cuando existe una realidad palpable que, con el tiempo, se va a traducir en menos oportunidades para quien tiene menos renta y barrios que son, a día de hoy, un erial.