Municipal

Vimcorsa quiere acabar el mandato impulsando 400 viviendas en Córdoba

El capítulo de inversiones alcanzará los 14 millones de euros

La presidenta de Vimcorsa, Alba Doblas, en una de las promociones de la emprsa municipal ABC

Rafael Ruiz

La empresa municipal de vivienda, Vimcorsa , quiere terminar el mandato impulsando la construcción de 400 viviendas y tras haber entregado unas 195 que se planificaron durante la corporación anterior y se han ejecutado y entregado en este caso. En el año fiscal de 2019, el equipo de Alba Doblas (IU) pretende realizar una inversión de 14 millones en el contexto de un plan plurianual de actuaciones que supera los 46 millones de euros.

Uno de los proyectos más relevantes no es una promoción de viviendas en sentido tradicional sino el segundo equipamiento de alojamientos de la calle Joaquín Sama Naharro . Consumirá 1,3 millones de los 7,8 millones previstos para el inmueble con 110 pisos de alquiler para personas que aún pueden llevar una vida independiente. Además, se destinarán unos nueve millones para las dos promociones de la Huerta de Santa Isabel, que suman unas 300 viviendas.

La presidenta de Vimcorsa explicó que el planteamiento de la empresa es realizar una planificación a largo plazo de suelo y vivienda con el objetivo de trazar el rumbo de la sociedad con aspectos como dónde construir, con qué tipologías y recursos. Para ello, se está trabajando con la Gerencia de Urbanismo para planificar el uso del Patrimonio Municipal de Suelo.

La empresa municipal pretende trabajar en agrandar el parque de viviendas de alquiler aunque con viviendas ya fabricadas. El próximo año se comprarán las primeras viviendas de segunda mano que han sido ofrecidas por sus propietarios . Además, se trabaja con la Sareb y con entidades financieras para crear un fondo de alquiler de cien viviendas. Para ello, es preciso obtener financiación del Gobierno.

El equipo de IU ha reconocido que unas 5.000 familias están en lista de espera para obtener un piso en cualquiera de las modalidades previstas. Unas tres mil familias se han dado de baja ya del registro ante la ausencia de soluciones a sus demandas.

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