Municipal

Vimcorsa busca la manera de anular los convenios de los pisos ocupados en Córdoba

Pide un margen a las entidades para ordenar la situación

La expresidenta de Vimcorsa pide al alcalde que rectifique y califica sus afirmaciones de «muy graves»

Salvador Fuentes consulta sus papeles Valerio Merino

Rafael Ruiz

La empresa municipal Vimcorsa está buscando la fórmula de anular de forma inmediata los acuerdos con Sareb y La Caixa por el que se le cedió el usufructo de pisos que estaban, en una parte importante, ocupados irregularmente. El análisis realizado por los servicios municipales es taxativo en el sentido de que no se pueden mantener dichos documentos en vigor dado que se realizaron sin las mínimas garantías de fiscalización legal y contable. Cada mes que pasa, Vimcorsa tiene que pagar 75 euros por piso a La Caixa y 125 euros a la Sareb.

El problema con el que cuenta el gobierno municipal es doble. En primer lugar, el humano . Anular el desarrollo de esos acuerdos puede implicar que las entidades propietarias adopten la decisión de desalojar a las personas que se encuentran en estas viviendas si no cuentan con un mínimo título escrito válido.

El segundo es contable. La empresa municipal tiene que pagar todas las mensualidades del acuerdo que es, de facto, una ayuda social que Vimcorsa no puede dar, según las instrucciones generadas por Intervención y que se pusieron en marcha en el anterior mandato. Tradicionalmente, la empresa daba líneas de ayudas sociales hasta que el departamento de fiscalización le advirtió que es una empresa pública y no Administración. Solo puede gestionar aquellas cuestiones que se le encomiendan y financia la institución matriz. En concreto, Servicios Sociales .

El gobierno municipal asegura que ha pedido un plazo de margen a las entidades propietarias tanto para hacer ejecutivo el pago como para estudiar la situación de las familias que viven en el grupo de pisos cuyo usufructo se ha cedido. No pagar no es una opción dado que, en este caso, rige el principio que prohíbe el enriquecimiento ilícito del sector público, que establece que por muy mal que se hayan hecho las cosas, las facturas por servicios prestados hay que pagarlas.

El análisis realizado establece que el convenio es lesivo para la empresa municipal y, además, nulo de pleno derecho al no haber contado con pasos básicos como un acuerdo del consejo de administración. Vimcorsa aprobó en 2015 un plan de intervención en viviendas vacías que establecía que para desarrollar convenios son precisos trámites y estudios técnicos. Nada se cumplió , explican las fuentes consultadas.

Por su parte, Alba Dobla , edil del grupo municipal de IU y expresidenta de Vimcorsa, ha declarado que «el alcalde de Córdoba ha realizado unas afirmaciones muy graves » y le ha pedido que «o bien rectifique o pida la rectificación de lo que se ha publicado». En cualquier caso, ha continuado Doblas, «nosotros estamos muy tranquilos » en relación a los convenios que se rubricaron «con luz y taquígrafo, exactamente igual que se firmaron por muchas instituciones por todo el país gobernadas por todas las fuerzas políticas, incluuido el PP» y no «con el fin ni de promover ocupaciones ni de desviar fondos irregularmente de este Ayuntamiento». En los próximos días «daremos respuesta a lo que señor ha dicho».

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