El vertedero incendiado en Córdoba albergaba residuos peligrosos más tiempo del permitido

Tres días después del incendio de la planta de reciclaje en Córdoba de la empresa Recicor XXI, propiedad del grupo Barea, la Junta de Andalucía reconoce que los problemas en las instalaciones no son menores. Y además desde hace tiempo. El delegado de Medio Ambiente de la Administración autonómica, Francisco Algar, ha declarado a ABC que su departamento tiene abierto un expediente administrativo a la firma a raíz de una denuncia formulada en mayo de 2016 y que culminó en un informe emitido por la Junta en febrero de este año.

Las conclusiones de ese documento son demoledoras, porque dan cuenta de una serie de «deficiencias que no están subsanadas», y que en palabras de Algar son, entre otras, «la superación de los plazos de almacenamiento de residuos, defectos en el etiquetaje de los productos depositados, ausencia de incripción de datos y errores en el muestreo de las emisiones». Estos residuos que excedían el tiempo límite son «peligrosos y han sido producidos por la propia actividad del vertedero», no por almacenamiento de materiales llegados de fuera.

Algar ha precisado que Medio Ambiente investiga si tales descuadres son suceptibles de abrir un proceso sancionador y ha descartado que sean tan graves como para que el vertedero sea clausurado.

El delegado de Medio Ambiente ha reconocido igualmente que el depósito alberga restos de la central térmica de Puente Nuevo, motivo por el que Recicor fue sancionada por la Junta a finales de 2012, «pero no porque no estuviera autorizada para tratarlos, sino porque lo hacía en un lugar que no era el indicado».

Acerca de la presencia de amianto en el vertedero, Francisco Algar ha señalado que las instalaciones cuentan con licencia para almacenarlo desde enero de 2009, si bien ha reconocido que desconoce por el momento si este material ha tenido que ver con las llamas.