El vertedero

Cuando el Ayuntamiento fabricaba un problema contaminante en la cementera Cosmos se ha dado de bruces con un vertedero ardiente y real que huele demasiado mal. Un basurero descontrolado y mal gestionado debajo de la alfombra del término municipal. Señales de humo denso y negro en el horizonte de Córdoba durante la última semana. Metáfora sobrevenida. Justicia ambiental. Y como la lava mordiente que precipita su curso, al ala socialista del cogobierno municipal le ha faltado un suspiro para girar la veleta y dejar quieto al cemento para poner la lupa en el plástico, el amianto o el cóctel residual que habite en las tripas de la planta incendiada camino de Guadalcázar. A mayor sensación de desvelo ha contribuido la Junta de Andalucía y su Delegación de Medio Ambiente, que llegó a tardar tres días tras el siniestro en contarnos algunas verdades publicadas por ABC y sus propios registros públicos y que intentaba tapar en un dislate inadmisible e irresponsable dada la magnitud de lo ocurrido y los riesgos colaterales que deja. Démosle gracias al viento de aquella tarde de domingo, porque si se hubiera tornado más rebelde, otro gallo nos hubiera cantado.

El incendio de esta planta autorizada por la Junta en 2009 para albergar residuos peligrosos y no peligrosos (y que multiplicó por veinte su capacidad en 2013) ha servido de espejo cervantino. Estamos ante una planta con claras deficiencias de gestión y control —como los técnicos autonómicos han escrito— , sin los medios suficientes y el personal necesario para un adecuado funcionamiento y que deja más dudas que certezas a la hora de valorar su ubicación y su impacto en plena campiña pero a pocos kilómetros de núcleos poblacionales como Encinarejo, Guadalcázar y un sinfín de parcelaciones regularizables de Córdoba. Un vertedero nacido de manera legítima de la crisis económica y de la necesidad de diversificar el negocio mustio. Un mercado voraz y competitivo para repartirse el pastel de la basura que nadie quiere pero que alguien tiene que recoger, reciclar y hacer desaparecer. Un sector donde la pugna por el buen precio va en relación directa con escatimar recursos y prevenciones, como parece que es el caso ante el que estamos. Una laxitud en las Administraciones digna de encomio para realizar las auditorías y los análisis a los que están obligados. Unos políticos que, una vez más, demuestran que el traje ecologista que se ponen los días de Pleno o consejillo de delegados es pura falacia.

¿Por qué sigue abierta esta planta si hace más de un año se detectaron numerosas deficiencias en cuestiones básicas para su buen funcionamiento? Si los técnicos de Medio Ambiente visitaban el vertedero y daban la voz de alerta documental, ¿cómo es que luego no se supervisó con firmeza el cumplimiento de esas irregularidades? ¿Ni siquiera con antecedentes como el de Seseña que provocó el desalojo de una población entera por el incendio de una macroplanta de neumáticos y otras lindezas sirvió para remover alguna conciencia o algún papel en esos despachos inermes...? ¿Acaso no hay personal suficiente en la exuberante administración regional para controlar la larga lista de vertederos autorizados que existen...? ¿A qué espera la Gerencia de Urbanismo y su «ecolíder» para plantar cara a un hecho real como éste...? ¿Quién mide las emisiones a la atmósfera ahí y quién nos puede aclarar, de verdad, si realmente esta cortina de humo acarrea parámetros que deben hacernos reaccionar...?

No se trata de satanizar a unos empresarios que de manera legítima realizan una tarea necesaria en esta sociedad. Ni presentarlos de manera generalizada como astutos traperos. Se trata de exigir que se cumplan las normas, los controles y la vigilancia sobre actividades tan sensibles como para intentar esconderlas bajo la alfombra.