Los vecinos de Tempo denuncian que el centro estuvo abierto hasta el estado de alarma en Córdoba

Los vecinos del club social y deportivo Tempo , dentro de las instalaciones del colegio La Salle , han denunciado que el centro ha estado abierto «como si nada» hasta la llegada del estado de alarma, cuando cerraron todos los equipamientos similares. El problema estriba en que en octubre del año pasado el Ayuntamiento ordenó el cierre del centro por carecer de licencia para las actividades que se estaban realizando.

Un portavoz de los vecinos afectados ha explicado a ABC que durante esos meses se han presentado numerosas denuncias y han constatado que, entre otras cosas, «el bar ha estado abierto hasta la 1 de mañana». En la desescalada, Tempo anunció que reabriría sus puertas al público el pasado 15 de septiembre -siempre según el relato vecinal-, cosa que no se produjo. En su lugar, apuntan los afectados, se ha aprovechado el tiempo para realizar algunas obra de reforma y adaptar las instalaciones a la legalidad vigente. «En el último mes han estado haciendo obras en la guardería , entendemos que con autorización de la Gerencia, para adecuarse», apuntan las fuentes consultadas.

Los promotores de Tempo abrieron en octubre del año pasado sin esperar a la licencia de ocupación o de actividad. Pusieron en marcha el complejo social únicamente con una declaración responsable , un documento previo que deja en manos de quien lo redacta la garantía de que se están cumpliendo las normas; posteriormente, la Administración afectada (en este caso Urbanismo) debe comprobar que eso efectivamente es así. Se ahorra tiempo con respecto a una licencia convencional que requiere un informe previo.

Según los vecinos, por las propias condiciones del proyecto Tempo no debería haber abierto nunca con una simple declaración responsable. Consideran que dicha autorización «que pudiera tener no acoge ese tipo de actividad. Han estado abiertos hasta que la pandemia los ha cerrado, con múltiples denuncias ».

Los promotores de Tempo solicitaron en octubre una modificación del proyecto para adaptarse a la normativa, de la que aún no han recibido respuesta de Urbanismo. Por ello, han amenazado con acudir a los tribunales de justicia ordinarios tras haber realizado una inversión que cifran en 10 millones de euros. Los vecinos comprenden esa postura: «Si consideran que están cumpliendo la ley y que la administración les niega el permiso sin motivo, entiendo que sean ellos los que denuncien. Pero tenemos claro que pierden el tiempo, lo que tienen que hacer es adecuarse a la legalidad vigente y no saltarse la ley ».