Los vecinos de Las Palmeras acusan a la Junta de abandonar las viviendas sociales del barrio

«Levantar al barrio en contra de los desalojos es fácil; lo difícil es apagarlos». Así de contundente se mostró ayer el portavoz de Servicios Sociales de la Asociación Unión y Esperanza de Las Palmeras, Eugenio Rosa, que afeó a la Junta de Andalucía que la solución para la ocupación de viviendas sociales en el enclave sea « judicializar el desalojo después de que haya dado la espalda al barrio durante veinticuatro años».

Según Rosa, «esta situación no viene de hace dos días sino que se está dando en los últimos 24 años y la Junta tiene conocimiento de ello; de alguna manera ha dado la espalda a una realidad y ha hecho un abandono sistemático como propietario de la vivienda lo que ha dado pie a que se originen estas situaciones». Y añadió: «En estos momentos, no sabemos cuál es la razón, deciden tomar unas actitudes en las que nosotros, no apoyando realojarse en una vivienda con patada y para adentro, y sobre todo, una vivienda social , tampoco creemos que la solución sea el desahucio de los vecinos ».

Una reunión mantenida entre la asociación de vecinos Unión y Esperanza y la delegada de Vivienda de la Junta en Córdoba, Josefa Vioque , no hizo sino echar más leña al fuego. En este sentido, Rosa manifestó ayer que «la delegada no sólo no nos tranquilizó sino que además nos comunicó que iban a seguir en el mismo proceso». El argumento de la Junta ante los vecinos de Las Palmeras fue que «hay 360 familias en la bolsa de la Oficina Municipal de Vivienda».

Sin embargo, los vecinos de Las Palmeras aseguran que «no se olvide que desalojar a estas familias no es la solución a la crisis habitacional que vive este país sino que la solución está en los cinco millones de viviendas que tienen los bancos y que las han pagado todos, y tendrían que ser del pueblo, que las expropien y se las den a la gente».

Los representantes vecinales hicieron hincapié en que «en los últimos 24 años sólo ha habido dos controles por parte de trabajadores sociales de la Junta pero no son controles reales porque los vecinos se tienen que proteger y no dicen la verdad. No tienen un control real de eso; de la situación en la que viven», explicaron.