MUNICIPAL
Urbanismo se niega a liberar un solar de la Iglesia para un alojamiento social de Córdoba
Rechaza la solicitud de la parroquia de San Pedro de levantar la teórica expropiación
La Gerencia de Urbanismo ha decidido no levantar la orden de expropiación que establece el P lan General de Ordenación Urbana y el Plan del Casco de Córdoba sobre el edificio de la antigua residencia de ancianos anexa a la plaza de Regina propiedad de la parroquia de San Pedro y donde la Iglesia está gestionando la construcción de un nuevo equipamiento social, un edificio de alojamientos protegidos para personas con pocos recursos. El proyecto se lleva a cabo de la mano de la Fundación Vimpyca, que es la que realiza el soporte técnico y financiero al proyecto social.
La propiedad pidió a Urbanismo que levantara la expropiación prevista en el planeamiento de la ciudad y que nunca se ha llegado a ejecutar a pesar de los años que han pasado tras la aprobación del mismo. Este tipo de solicitudes pretenden dar garantías jurídicas a quienes realizan un proyecto de estas características con el propósito de que, una vez hecha la inversión, el Consistorio no cambie de planes y ejecute la adquisición forzosa de la finca.
Antigua residencia municipal
La antigua residencia municipal de ancianos se encuentra entre las calles Isabel II y Arenillas. En su día, el Consistorio no disponía de un edificio propio para esta finalidad por lo que concertó una operación con la Iglesia que cedía las instalaciones. El acuerdo se rompió a finales de los años 80 cuando el edificio fue devuelto a la Fundación Santos Mártires, que es la que consta en los asientos documentales como responsable de la cesión.
Urbanismo ha llegado a la determinación de no levantar la expropiación pese a que reconoce que se han superado los plazos sobradamente y que no se ha desarrollado por ministerio de ley, que es la fórmula por la que se adquirió el sistema general del Patriarca. El argumento que utiliza la Gerencia, que tiene que dar su visto bueno al documento en el consejo rector, es que la posibilidad de pasar el edificio a propiedad pública no molesta de cara a la creación del alojamiento social que propone la Iglesia.
