Economía
Unos 400 ‘riders’ de Córdoba afrontan su próxima regularización
Los repartidores crecen durante la pandemia y ahora un pacto entre sindicatos, Gobierno y empresarios indica que son asalariados
Gobierno, patronal y sindicatos han alcanzado esta semana un acuerdo para zanjar de una vez la ambigua situación de un colectivo surgido al amparo de la economía digital y el cambio en los hábitos de consumo. Son los ‘riders’, trabajadores que llevan la comida -y otro tipo de bienes de consumo- hasta los domicilios particulares a lomos de su bicicleta, moto o incluso patinetes.
Hasta ahora existía la duda de si esos profesionales trabajaban por cuenta propia , como dicen las grandes empresas de distribución; o eran asalariados , como han defendido los sindicatos. Una sentencia judicial y el acuerdo de esta semana ratifican lo segundo y ahora las plataformas que gestionan sus servicios mediante aplicaciones impersonales tienen tres meses para regularizarlos. O despedirlos.
La indefinición del sector de estos jinetes urbanos es tal que nadie sabe a ciencia cierta cuántos de ellos trabajan en Córdoba . No existe un registro de esta actividad en ningún sitio, salvo en los ordenadores de las grandes compañías -que guardan con celo sus datos- y la cifra, sea cual sea, canbia no ya por meses, sino por días. Además, es un colectivo muy poco organizado. Sólo el secretario provincial de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Juan Martínez , se atreve a avanzar una cifra, que estima en una horquilla entre 350 y 400 ‘riders’ en Córdoba en estos momentos.
Lo que sí está claro es que su número se ha incrementado durante el año de la pandemia . Con la hostelería limitada, y por épocas cerrada a cal y canto, bares y restaurantes tradicionales pasaron a incluir en sus cartas la comida a domicilio aprovechando las facilidades de empresas como Glovo, Deliveroo, Just Eat... Y con un desempleo galopante por la crisis económica, convertirse en ‘rider’ era al menos una opción para quienes no tenían otra salida.
« No puede ser que las empresas cojan este filón y, aprovechando la crisis, algo que ya era malo ahora lo hagamos aún peor y nos aprovechemos de la situación de necesidad. Las condiciones no respetan los derechos sociales y laborales », explica Martínez. El sindicalista abunda en la tesis de que los ‘riders’ son asalariados, tal como se ha pactado con el Gobierno y la patronal: «Son trabajadores con todas las de la ley y si las empresas quieren disponer de ellos tienen que cumplir con la norma y que generen sus derechos a descansos, a turnos, a vacaciones...».
CCOO ha sido, por su parte, una de las organizaciones más batalladoras contra el sistema de contratación de las plataformas. El secretario de Negociación Colectiva de la Federación de Servicios, José Antonio Frejo , insiste en que «durante la pandemia ha aumentado el número de ‘riders’, porque han estado desde primera hora en el reparto de comida a domicilio». En su opinión, una parte de la hostelería «ha mantenido el negocio y ha requerido más repartidores. La gente no comía en los restaurantes y se pedía más a domicilio».
El sindicato ha optado por pelear en los tribunales. Actualmente, asegura Frejo, la organización tiene puesta una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Córdoba -al igual que en las demás provincias andaluzas- contra «la precariedad en Deliveroo, Glovo y Just Eat, de las que estamos esperando resolución». En el ámbito de la negociación colectiva, CCOO ha pedido que se incluya a los ‘riders’ en el convenio de la hostelería de Córdoba.
¿Y qué piensan las empresas de ‘delivery’ de todo este conflicto y el pacto nacional que las obliga a contratar a sus repartidores? Obviamente, nada bueno. En un comunicado emitido esta semana por una asociación que representa a estas grandes empresas de reparto (APS), aseguran que «mientras otros países europeos aprueban regulaciones que apoyan la economía digital con mayores protecciones para los repartidores autónomos, España parece ir en dirección contraria , poniendo en peligro un sector que aporta 700 millones al PIB nacional».
La estrategia de estas grandes empresas pasa por conseguir el apoyo de la hostelería, por lo que sostienen que en un año «se perderían más de 250 millones de euros de ingresos adicionales para los restaurantes».
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