El Tribunal Administrativo suspende cautelarmente el concurso de la ayuda a domicilio en Lucena

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía ha suspendido de forma cautelar el procedimiento abierto por el Ayuntamiento de Lucena para la contratación del servicio de ayuda a domicilio , atendiendo los recursos formulados por las empresas Macrosad SCA y Gestión Profesional de Servicios Sociosanitarios y Educativos (posteriormente han llegado dos más) solicitando la suspensión del procedimiento por supuestos errores en la formulación del pliego de condiciones, relativas principalmente a las fórmulas para ponderar la solvencia técnica y económica de las empresas.

La concejal de Servicios Sociales, Carmen Gallardo, señaló a este periódico que se trata de «recursos tipo» y son una práctica habitual en estos últimos meses en estos concursos. Todo apunta a que el objetivo de las empresas es el de bloquear las licitaciones hasta conseguir que la Junta de Andalucía suba el precio por hora que abona a los ayuntamientos por estos servicios, actualmente establecido en 12,5 euros más IVA , y que estos utilizan como base de licitación en la mayoría de los casos, algo que no ocurría con el concurso convocado por el Consistorio lucentino, que elevó esa cantidad hasta los 13,15 euros más IVA .

Gallardo confirmó que la decisión cautelar del Tribunal de Recursos Contractuales, a la que el Ayuntamiento de Lucena presentó alegaciones, supondrá un retraso en la adjudicación del concurso, en estos momentos en suspenso. En la mayoría de los casos, este órgano dependiente de la Junta puede tardar hasta 5 meses en resolver los recursos. La concejal señaló que pese al retraso que sufrirá la nueva adjudicación no existe riesgo para la prestación del servicio, que seguirá ostentando Servisar .

La licitación del servicio de ayuda a domicilio se establece por un periodo de cinco años con un valor estimado de 17.846.391 euros en total. En la actualidad, el servicio atiende en Lucena, de media, unos 280 usuarios , dando empleo a 176 personas , con contratos que oscilan entre el 33 y el 100% de la jornada laboral. Todos estos trabajadores se subrogan al nuevo contrato, de modo que la empresa que resulte adjudicataria asume los derechos y obligaciones actuales.