Tres entidades compiten por la gestión de la Casa de Acogida de Campo Madre de Dios de Córdoba

Tres entidades han acudido al mayor contrato social reservado puesto en marcha hasta el momento por el Ayuntamiento de Córdoba, la gestión de la Casa de Acogida de Campo Madre de Dios . Grupo Integra y las fundaciones Prode y SAMU son las organizaciones que están intentando ganar el concurso que supone 1,2 millones por el trabajo con las personas sin hogar que llegan o viven en la ciudad.

El cogobierno municipal utilizó esta fórmula para animar a las entidades de carácter social a que se presenten a estas licitaciones con el objetivo de dejar a un lado a las sociedades mercantiles comunes. El contrato todavía no se ha desarrollado en su totalidad -falta la apertura del sobre con la oferta económica- pero con el proyecto técnico en la mano la favorita es Grupo Integra .

La entidad que tiene, por el momento, más puntuación en el contrato es el Centro Especial de Empleo que depende de Clece , la empresa que ha llevado hasta el momento la gestión de la Casa de Acogida y que desarrolla el contrato prorrogado del servicio de ayuda a domicilio. Los grupos municipales de Izquierda Unida y Ganemos han defendido la municipalización de esta actividad con el objetivo, aseguran, de mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras. Los centros especiales de empleo son figuras empresariales reconocidas por la legislación que tienen la misión de incentivar la contratación de personas discapacitadas.

En el caso del contrato para la Casa de Acogida existe poco margen de maniobra. Las entidades o empresas que quieran hacerse cargo con el contrato municipal reservado tienen que hacerse cargo de la contratación de las personas que en estos momentos llevan el día a día del equipamiento. Además, se han fijado como obligatorias las condiciones laborales : se tiene que pagar, al menos, lo establecido en el convenio nacional en materia de inserción social.

Lo que no está tan claro es que cualquier entidad del llamado tercer sector pueda presentarse. Las condiciones de solvencia son tales que se precisa de una experiencia y una cifra de negocio mínima. En concreto, se exige que la entidad facture anualmente la cantidad a la que asciende el contrato lo que limita a organizaciones que tengan un presupuesto anual de ingresos de 1,2 millones . Además, han de contar con cinco años de experiencia mínima en el desarrollo de actividades similares de atención social con personas que viven en la calle y necesitan de asistencia pública.