Los trabajadores de Guadalquivir Futuro de Córdoba, compensados con 12.000 euros de fondos públicos

El presupuesto público se ha hecho cargo de compensar a los trabajadores que optaron por la vía social en vez de la penal, siete en total, del dinero que tuvieron que entregar por las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro. Se trata de uno de los grandes sarcasmos de este caso. El dinero de todos los españoles sirvió de fuente para la comisión de lo que la Junta de Andalucía ha constatado como una ilegalidad y que los tribunales de justicia están investigando como presuntos delitos. Y son las cuentas en las que ingresan sus impuestos todos los españoles los que se harán cargo de reponer el desaguisado.

Dos de los trabajadores afectados llevaron el caso por la vía penal con el abogado Francisco Campos . Siete decidieron acudir a la jurisdicción social, que es la que interviene en los asuntos laborales con el letrado Agustín Repullo . Estos últimos han cobrado ya las cantidades que tuvieron que entregar mensualmente y obligados a Guadalquivir Futuro como consecuencia de la decisión de aceptar «donaciones voluntarias» de los beneficiarios del programa de capacitación social de los parados.

Ni la Fundación Guadalquivir Futuro ni ninguna de sus organizaciones satélite se hizo cargo de las dos condenas decididas por dos juzgados de lo social distinto para estos trabajadores. Pasado el tiempo, la representación legal de los empleados optó por pedir la intervención del Fondo de Garantía Salarial en un supuesto similar a los trabajadores que reclaman a las empresas que los han despedido y que les deben nóminas o las indemnizaciones por despido. Solo por los siete personas que optaron por esa vía, el Fogasa desembolsará unos 12.000 euros para cubrir las mordidas y los gastos anexos a los procedimientos judiciales.

Los responsables de Guadalquivir Futuro han tenido múltiples oportunidades para resarcir las cantidades bien mediante el cumplimiento de sentencias, bien mediante acuerdos con los trabajadores para poder reclamar que se había reparado el daño causado. En ninguna ocasión lo han hecho. La fundación que operaba como un brazo social del PSOE en la zona Sur -y que ha protagonizado uno de los episodios más oscuros de la historia del partido en Córdoba - siempre ha sostenido que las aportaciones de los trabajadores eran donaciones voluntarias para favorecer el trabajo social. La Inspección de Trabajo llegó a recabar 33 testimonios de que eso no era cierto. De hecho, se estableció como verdad judicial que las cantidades pagadas eran de tal envergadura, hasta 500 euros mensuales , que era inviable que nadie los pusiese gustoso encima de la mesa con ánimo solidario teniendo en cuenta el contexto social de los pagadores: personas que accedían a su primer puesto de trabajo o que eran parados de larga duración.

No todos los empleados que pasaron por estas prácticas decidieron recurrir ante los tribunales de justicia . En parte, se explica porque los primeros que pasaron por este trago tenían que abonar cantidades fijas y en mano. En la segunda anualidad del Emple@ se aceptaron donaciones bancarias y con un documento de aceptación que había que firmar.