Todo el mundo (no) es bueno

El caso de las viviendas ocupadas del Parque Azahara ha puesto -al fin- en el primer plano de la actualidad política lo que es una realidad como un piano. El desbarajuste inmobiliario que existe aún en determinadas empresas (financieras o no), que no saben ni qué tienen o en qué estado, ha permitido el desarrollo de ocupaciones de viviendas en la buena parte de los barrios de Córdoba. En muchas ocasiones, hipotéticamente la mayoría, se trata de personas pacíficas que de verdad tienen un problema muy serio y que no han recibido respuesta por parte de las administraciones. En otras, como ha aparecido durante estos días, se trata de gente que está aprovechando el fenómeno para realizar actividades no tan confesables gracias a esa cierta tolerancia social que se ha fomentado, incluso desde el poder, sobre la intrusión en casas que son ajenas.

Recientemente, el Cuerpo Nacional de Policía desarrolló una operación en un edificio del centro de Córdoba que había sido reformado para la creación de apartamentos y que se quedaron colgados con la crisis. Unas familias los tomaron durante muchos meses. Según informó la Comisaría, en el edificio se estableció un súper de la droga que se dedicaba al menudeo y al tráfico medio con pocas melindres por el qué diran, a decir de los vecinos de la zona. La intervención de los agentes desplazó el problema unas casas más allá. El segundo edificio ocupado -también desalojado- tiene ahora la puerta tapiada para evitar nuevas intrusiones. Como dato de relevancia, todo esto ocurría en el entorno de varios centros escolares.

La historia de los vecinos del Parque Azahara no es en absoluto original. Stop Desahucios se desvinculó públicamente de los inquilinos de un bloque de la calle Antonio Maura tras comprobar las denuncias de los residentes del entorno. En el barrio, se llegó a plantear una denuncia directa contra el Ayuntamiento y contra la entidad financiera propietaria, La Caixa , ante las condiciones higiénicas y las amenazas que se recibían día sí y día también de los nuevos vecinos. La organización pro ocupación, que asesoró a las familias que habían tomado los pisos, tuvo que reconocer -a la fuerza ahorcan- que existen mafias que se meten en las viviendas para cometer actividades delictivas. Incluso, haciendo negocio con la desgracia ajena gracias a la actividad de alquilar esos pisos.

No hay que responsabilizar a nadie de lo que no ha hecho pero esto que está ocurriendo viene contextualizado por un discurso de legitimación de alto riesgo . Ha contribuido esa especie de «buenrollismo» de que no pasa nada por incentivar una actividad que es pasto abonado para la aparición de golfos y de hijos de tal. Durante muchos meses, se ha creado un mensaje que ha llegado a tener consecuencias públicas. Desde la promesa de no desalojar a nadie por impago de alquileres públicos -incluso cuando hay evidencias de mala fe-, el hecho de pagar el asesoramiento legal de casos de usurpación en la Oficina de la Vivienda o la ideaca de permitir la contratación de servicio del agua contra el criterio del propietario de la casa, felizmente tumbada por los abogados de Emacsa. El ambientillo de impunidad está servido.

En román paladino, se ha creado un efecto llamada hacia una actividad que sigue siendo ilegal gracias a ese rollete guay de algunos de nuestros políticos. Y ahora tenemos en la ciudad una serie de focos calientes donde la policial es la única alternativa. Cuando la convivencia o el Código Penal se agrietan no cabe sino la intervención de la ley. No he escuchado a nadie en los últimos días pedir que los agentes no actúen para despachar a los muchachos de la radial del Parque Azahara. Porque las posturas adánicas se tornan en silencio hipócrita cuando las cosas se salen de madre y se constata que va a ser que no. Que no todo el mundo es bueno por mucho que se empeñen los del unicornio.