Tiro orientado

Las estadísticas oficiales sobre empresas en funcionamiento (las que tienen trabajadores a su cargo) han registrado una reducción del 13 por ciento en la provincia de Córdoba con respecto al mes de febrero, donde la crisis sanitaria no había tomado cuerpo en el mal llamado estado de alarma. Eso supone que, en estos momentos, en este territorio se produce la segunda caída más pronunciada de España dejando como consecuencia que se contabiliza el menor número de unidades productivas de estas características de la serie reciente, algo más de 22.000 .

Esta realidad se puede traducir de la forma siguiente. El esquema de los expedientes de regulación temporal de empleo o ERTE, en el que el Gobierno asume una parte muy importante de los costes, solo constituye en estos momentos un torniquete en la hemorragia . Es posible que ofrezca un tiempo para llegar a urgencias pero no cierra el disparo del Colt 47 que la economía productiva acaba de recibir en toda la femoral.La paralización de servicios públicos como la Administración de Justicia puede ofrecer una imagen engañosa de la profundidad del agujero.

El 13,2 por ciento de destrucción de empresas puede alcanzar cifras muchos más inquietantes en cuanto se vuelvan a abrir las ventanillas. Los preconcursos y concursos de acreedores, en tanto procedimientos judiciales, harán acto de presencia en cuanto el sistema legal supere su actual coyuntura de servicios mínimos. Solo entonces podrá conocerse de forma real el daño causado. Ni siquiera que la empresa se haya acogido a un ERTE constituye una garantía de nada en contra de los primeros mensajes oficiales.

En su primera redacción de la norma de emergencia, el Gobierno estableció la obligación de que las empresas que optasen por esta vía de hibernación asumiesen que tendrían prohibido despedir trabajadores durante los seis meses posteriores al levantamiento de la restricción temporal. En una decisión discretamente publicitada (ya sabemos que el Gobierno enfoca lo que tiene a bien), el Ministerio de Empleo modificó la norma cambiando « la obligación de mantener el empleo» por « la voluntad » de hacerlo. En un baño de realidad, el Ejecutivo entendió que el reinicio de la producción se hará de forma escalonada, en función de multitud de variables y que, en muchas casuísticas, regresar al mismo nivel en que se detuvo la producción constituye una quimera. En estas condiciones, las administraciones han comenzado a preparar sus paquetes de estímulo cada una a su flor , cosa que resulta inquietante.

El Ayuntamiento negocia ya un plan de choque con agentes sociales aunque aún no se disponga de un marco financiero expreso sobre qué recursos se pueden tocar, cuáles no y qué parte de su presupuesto va a tener que derivar a frenar su propia sangría expresada, por ejemplo, en empresas municipales sin ingresos o una bajada de la recaudación tributaria.

La Diputación acaba de realizar el anuncio de que dotará un fondo de diez millones para partidas con esta finalidad mientras que la Junta afirma que movilizará unos 4.000 millones para toda la comunidad. Las cifras del Gobierno dependen en buena medida de las negociaciones con los socios europeos.En estas condiciones, conviene sentarse un momento antes de empezar a gastar de forma que el tiro salga lo más orientado posible. Principalmente, para que cada partida de gasto no tenga su mellizo en cada una de las instancias oficiales que dediquen unos recursos que solo pueden salir de un incremento de deuda que nadie sabe muy bien cómo devolver.