El típico «hackeo» informático

AHORA entendemos con más claridad las enigmáticas palabras de la señora Muñoz en la puerta de los juzgados el pasado 8 de marzo. «Donde no hay, no hay» , dijo con el aplomo de un sicario de serie B. Y, en efecto, no había. Es decir: toda la contabilidad de la Fundación Guadalquivir, investigada por supuestas mordidas a desempleados, se había esfumado (o estaba a punto de esfumarse) por estas casualidades de la vida que ya empiezan a ser moneda corriente en los sumarios de España.

El procedimiento es un clásico. Te pillan con la mano en la caja, lo niegas, te investigan, lo niegas, te acorralan las pruebas, lo niegas, y en el minuto 89 de partido, cuando la ley está a punto de caer a plomo con todo su peso, zas: desaparecen las pruebas de cargo . Así lo declaró el 5 de abril ante el juez el asesor fiscal del tinglado. El sistema informático de la Fundación Guadalquivir ha sido «hackeado», debió decirle el tipo al juez instructor, y todos los papeles han desaparecido como por arte de magia.

Se trata de esa clase de casualidades perfectamente calculadas que suceden cuando tienen que suceder. Lo hemos visto decenas de veces en las pelis de cine negro y en los informativos «prime time» de mediodía, que de un tiempo a esta parte vienen a ser la misma cosa. El típico caso del «pendrive» que desaparece en la cadena de custodia, el disco duro que es triturado a martillazos o el fiscal al que distraen el ordenador portátil de su vivienda. Qué les vamos a contar, estimado contribuyente, que usted no sepa a estas alturas.

Es entonces cuando las palabras de la señora Muñoz pronunciadas veintisiete días antes se encienden como un tubo fluorescente en medio de la oscuridad. La presidenta del chiringuito de marras dijo que no había nada de nada y, en efecto, ahora hemos sabido que los asientos contables de la Fundación han pasado a mejor vida. O lo sabía en el momento en que hacía las declaraciones a la prensa en la puerta del juzgado o estaba dando las órdenes precisas en el momento oportuno.

Vivimos en un país en que todo el mundo sabe que se va a producir la destrucción de pruebas ante nuestras narices y, en efecto, se produce la destrucción de pruebas ante nuestras narices. A partir de ahí, todo es una concatenación de piezas que encajan perfectamente en el género de «thriller» político tipo tomadura de pelo. En ese contexto, las escenas se tornan cinematográficas como salidas de un telefilm de tarde de domingo. Como, por ejemplo, cuando abandonó el asesor fiscal el juzgado y, a la vista de todo el mundo, le guiñó el ojo al vicepresidente de la entidad que entraba para comparecer ante el juez. O como cuando este último salió con el casco puesto para montar el numerito que hemos presenciado cientos de veces en el noticiario de la noche.

La trama, desde luego, es la repanocha. Con sus mordidas a desempleados , sus vínculos directos con la administración competente, la pasta por un tubo, las subvenciones a tutiplén, el silencio cómplice de los padrinos y, cómo no, los indicios de doble contabilidad. Porque hoy día quien no dispone de doble contabilidad ni registra caja B es un don nadie que no tiene donde caerse muerto.

La pregunta que se hará usted ingenuamente es cómo es posible que, un año después de la denuncia, la contabilidad de todo este tinglado no estuviera intervenida por el juzgado correspondiente sabiéndose, como se sabía, que era cuestión de tiempo que llegara el típico «hackeo» informático de toda la vida.