Subastas judiciales 2.0 en Córdoba: unas pujas aún demasiado virtuales

«El piso queda adjudicado al señor del pijama rojo en 100.000 euros». Así se podría resumir lo que han cambiado las pujas en los tribunales en muy poco tiempo, gracias a Internet. Porque en Córdoba , como en el resto de España, desde octubre de 2015 el Gobierno implantó las subastas judiciales electrónicas, mediante un portal de Internet del BOE, que acabaron con las presenciales -dejaron de celebrarse en el arranque de 2016-. ABC analiza con secretarios judiciales, procuradores, abogados y subasteros esta revolución.

El Ejecutivo estatal pretendía con estos cambios conseguir una mayor concurrencia en las pujas -el 95% se declaraban desiertas- y que, al haber más participación, se lograran más fondos (así el acreedor, que ha instado la subasta, tendría cubierta más parte del débito que sufre y el deudor vería más reducida su cantidad a abonar). Esa meta no se ha cumplido, según los interlocutores consultados . .

El secretario judicial (clave en el procedimiento, pues acuerda el proceso previo; dicta el decreto convocando la subasta, con condiciones y precio de los bienes, o autoriza el alta de la puja en el portal del BOE) del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Córdoba, Manuel Millán , señala que el objetivo de elevar la participación «no se ha logrado», pero lo achaca a «la situación económica». «Todavía sigue habiendo pocos postores, aunque ya hay algunos más que hace un año», explica.

Un abogado que trabaja en la asesoría jurídica de una entidad financiera (la inmensa mayoría de subastas son a instancia de la banca), y que prefiere mantener el anonimato, se une a los anteriores análisis: « No se ha notado variación alguna en el número de pujadores con el nuevo sistema». «Se debe a la falta de difusión, el desconocimiento y la baja liquidez, pues es necesario pagar el bien al contado [cabe el abono a plazos, pero el sistema está orientado al desembolso físico]», añade.

Y hay un escenario de pocos postores , pero también de reducción drástica de las pujas , en un clima de mejora de la economía. Según datos facilitados por el Consejo General del Poder Judicial, en 2016 , en la provincia los juzgados de Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción realizaron 221 subastas -no se incluyen las que hacen los de lo Social, los de lo Penal y los Mercantiles, pero sus cifras son muchísimo menores-. Ese guarismo supone un desplome interanual del 68%. En el Consejo indican que esa reducción se debe a la caída de las ejecuciones hipotecarias y a que muchos jueces están paralizando subastas por las cláusulas abusivas de los préstamos de la banca.

Un debate abierto en torno al sistema es s i da suficiente información o no a los postores . En el segundo colectivo, está la decana del Colegio de Procuradores (trabajan con el acreedor y ejecutan sus instrucciones si quiere participar en la subasta) de Córdoba, Marisol Capdevila , alerta de que el actual modelo «no ofrece muchos más» datos que «la certificación de cargas» . Advierte de que por ese motivo el ciudadano de a pie tiene «dificultad» para participar en estas ventas judiciales. «Comprar con los ojos cerrados es muy difícil», dice,

Explica que el Consejo General de Procuradores ha impulsado a nivel nacional un portal oficial de subastas «mejorando» determinadas cuestiones del del BOE, como « dar la mayor información que se tenga del bien». Para ello, aclara, el Consejo ha contratado un servicio de gestión de activos.

Una visión opuesta tiene el secretario judicial de Primera Instancia número 6 . Considera que hay suficiente información como para «evitar sorpresas» . Asegura que el «riesgo de que haya un ocupante existe», pero sostiene que son «situaciones que se dan poco». Sí expone que el sistema tiene sus limitaciones, como que al deudor no se le puede obligar a enseñar a los postores la vivienda que va a subasta. «Si no se ha podido acceder al piso o si no sabemos si hay ocupantes, se refleja. Volcamos [en el sistema] todo lo que tenemos y lo que no tenemos lo advertimos. Y también se puede venir al juzgado», dice Millán.