Las sombras del expediente de la fundación afín

El recorrido administrativo de la ayuda de 40.000 euros de la Diputación de Córdoba a la fundación Guadalquivir Futuro , afín al PSOE, presenta sombras, cuando se intenta recontruir el trayecto del expediente oficial de la institución. En concreto, con qué elementos de juicio contó el Instituto Provincial de Bienestar Social para dar una ayuda tan cuantiosa para un proyecto ubicado en la capital.

Dos cosas llaman la atención de la solicitud que presentó la fundación. Registró la documentación el pasado 13 de mayo de 2016, apenas unos días antes de que se llevase a cabo la firma del convenio por parte del presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz. El documento aparece con dos casillas clave sin marcar: el proyecto técnico del plan social a desarrollar y la declaración de que no había ningún problema para ser beneficiaria de la ayuda. En una primera lectura del expediente, esos documentos, sencillamente, no aparecen.

En los archivos de la Diputación, sin embargo, consta una memoria del proyecto llamado «Plan socieducativo integral en zonas de transformación». Además, un documento en el que la fundación acredita que no existe problema alguno para recibir recursos. La cuestión es que esos documentos se encuentran firmados muchas semanas antes, el 18 de marzo , y ni siquiera tienen registro de entrada en la Diputación. El resto del expediente tiene un sello oficial en cada folio con el número de entrada 2090. .

El hecho es que los documentos tampoco concuerdan con lo dicho por el equipo de gobierno. Según dijo ayer la presidenta del IPBS, Felisa Cañete, el proyecto de Guadalquivir Futuro tuvo entrada en el registro de la Diputación el 13 de enero de 2016. La realidad es que no se firmó hasta tres meses más tarde y no se puede decir exactamente cuándo fue incorporado al expediente al no constar de un sello oficial que lo avale.

El registro de documentos no sigue una secuencia lógica y, en condiciones normales, tendrían que aparecer documentos de funcionarios de la Diputación instando a la entidad afín al PSOE a aclarar determinadas cuestiones . Por ejemplo, por qué las escrituras  donde la fundación acredita que sus estatutos recogen determinados fines sociales exigidos tiene fecha posterior (se rubricaron ante notario en torno a mediados de abril) a la firma del proyecto técnico presentado. El certificado de la Agencia Tributaria ni siquiera es del año 2016 a pesar de que se suele reclamar que sea lo más actualizado posible.

Lo único cierto es que la Diputación se compromete a pagar 40.000 euros exactos para la contratación de dos personas que se harían cargo del desarrollo de esta iniciativa. Se trata de los dos únicos profesionales que realizarían las iniciativas del convenio apoyadas por un grupo de cinco voluntarios. El proyecto consiste en hasta siete talleres. Básicamente, de refuerzo educativo, de alfabetización o de materias más curiosas como tai chi (un tipo de gimnasia china), bailes de salón o fli flac (una actividad física parecida al aerobic).