La sombra del «donativo»

La decisión de la Junta de Andalucía de investigar las irregularidades publicadas por este periódico desde hace semanas sobre el uso de fondos para contratar a parados por parte de fundaciones afines al PSOE cordobés pone, en parte, las cosas en su sitio. Al consejero de Empleo no le cabía otra opción que cumplir sus propias normas -abundante amalgama de decretos que rigen este tipo de ayudas de origen europeo-. Lo contrario hubiera elevado el escándalo a consideraciones mayúsculas. La delegada del Gobierno andaluz en Córdoba, Rafaela Crespín, ha sido puesta en evidencia y tal vez debiera dar sus propias explicaciones o disculpas ante lo que el ciudadano ha percibido como una falta de respeto con un toque de desprecio. El «que se vayan al juzgado» pronunciado por dos veces por Crespín -máxima autoridad política de la Junta en Córdoba- no sólo revela el cariz de unos nuevos políticos inflados de soberbia y demasiado miopes con el poder y las responsabilidades públicas que les atañen en esa muralla de burocracia en la que viven empoderados. Además, evidencia un claro desconocimiento del rol que se desempeña y de la normativa que han de hacer cumplir. Y deja sobre el tablero muchas incógnitas sobre un enroque político absurdo, a no ser que por delegación de quien la puso en el puesto decidiera desplegar la vieja teoría de dejar que llueva para que escampe algún día. Si la respuesta que la Administración autonómica diera por sistema a cualquier cordobés o andaluz que tuviera problemas con los servicios que gestiona o fuese víctima de golferías varias de programas emanados de la maquinaria juntera fuese siempre «que se vaya al juzgado» si algo les sucede, el régimen hubiese sido finiquitado por la vía de las urnas hace tiempo. Semejante chulería, tras haber dejado con el «culo al aire», como suele decirse, a su delegado de Empleo -que quiso investigar desde el principio- muestra que ni los ERE fraudulentos, ni los cursos de formación en «mangazos» han servido para mucho. Con todos los millones y millones de euros para desempleados que se han esfumado por las alcantarillas, con la mayor causa de corrupción de este país abierta aún en premeditada descomposición interna, con dos expresidentes de la Junta imputados y un rosario de consejeros en solidaria postura, lo último que puede esperarse ya es este denodado interés por tapar más hedor pulverizando el ambiente con dosis de altanería ufana.

Son «graves y gravísimos», como dijo el consejero de Empleo, los hechos puestos en negro sobre blanco. Porque suceden en una zona de Córdoba castigada por el desempleo, la exclusión y los ramalazos de cierta delincuencia crónica que no se marcha como el barrio del Guadalquivir. Porque juegan con la necesidad de las personas, que han de pagar por trabajar y conservar algo de futuro jugando una partida de chantaje chabacano y mafioso. Cuando bastante tienen con la losa del paro. Porque salpica al PSOE en Córdoba, calladito, muy calladito todos estos días, pese a que los cabecillas de esta macabra broma han concurrido en listas socialistas al Ayuntamiento con la mismísima María Isabel Ambrosio y el mismísimo presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán (quien conoce bien el terreno que pisa la fechoría). Y uno de ellos, con cargo orgánico entre los cachorros del partido. Porque algunos de los defensores de las «personas» en Capitulares no han tenido ni un monosílabo de apoyo hacia estas decenas de desempleados engañados como chinos. Y porque aún no sabemos dónde está el dinero «donado» a la causa.

La sombra de este caso es alargada y existe demasiada gente interesada en que escampe, no sólo Rafi Crespín. Esperemos que la investigación abierta por la Junta y la que sigue la Inspección de Trabajo no sean un meritorio cortafuegos y se llegue al fondo de la cuestión.

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FRANC