Sin techo por una denuncia de la Junta

HACE poco más de medio año que dos parejas de jóvenes cordobeses sin hogar ocuparon a la desesperada uno de los locales que la Junta tiene cerrados a cal y canto en la barriada de Las Moreras. Locales que, más que utilizarse para el fin para el que fueron concebidos en su día, se convirtieron con el paso de los años en un nido de «ratas, bichos y suciedad». Dentro de sus escasas posibilidades económicas y en no pocas ocasiones con la «ayuda» de amigos y vecinos, limpiaron y adecentaron uno de ellos para vivir allí. Después de una relativa normalidad, sus vidas han vuelto a truncarse una vez que la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), en una rápida operación, los sentó en el banquillo de acusados por la vía penal y, aparte de pretender expulsarlos de su «único techo», les exige que paguen una multa.

Saray Romero y José Amador, de 20 y 23 años de edad respectivamente y padres de dos niños —un hijo de dos años y una bebé de ocho meses—, y Rafaela Cortés y Miguel Bermúdez, de 27 y 31 y a la espera de un hijo que está previsto que nazca este abril, unieron ayer sus voces de la mano de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) para exponer su problema y sacar a la luz pública lo que consideran «injusto». Tras reclamar su derecho «como españoles a una vivienda», se preguntaron si «es delito hacer todo lo posible por intentar sobrevivir», expuso Cortés. El tiempo corre y lo saben. Por eso quieren hacer todo lo posible para que la sentencia no dicte el desalojo y la multa.

«Los mismos vecinos saben que desde que estamos allí han dejado de aparecer ratas y cucarachas en sus casas, precisamente por el hecho de que tenemos limpio que hacía 25 años que no se usaba», declaró Bermúdez. «Esta situación roza el ridículo y hasta el humor negro», precisó Carlos Arce, delegado de Apdha en Córdoba.

Por su parte, la agencia AVRA sostuvo ayer que el local en cuestión «no cumple en absoluto las mínimas condiciones de habitabilidad» y aseguró al mismo tiempo que el Registro Municipal de demandantes de vivienda es «quien debe evaluar su necesidad y asignarles una vivienda».