Tribunales
Los siete imputados de fraude fiscal en MGR niegan ante el juez de Córdoba las acusaciones
El jueves y el viernes continuarán las sesiones en Penal número 4
![Uno hombre pasa delante de la Ciudad de la Justicia de Córdoba](https://s1.abcstatics.com/media/andalucia/2018/02/14/s/ciudad-justicia-cordoba-kMJC--1240x698@abc.jpg)
El tribunal de lo Penal número 4 juzga desde ayer a los siete acusados, además de una docena de empresas vinculadas a la empresa de informática MGR , que se enfrentan a penas de 30 años de prisión y a multas millonarias e indemnización de 6,7 millones de euros a Hacienda por un presunto delito fiscal cometido en 2003, 2004 y 2006, en los que dejaron de ingresar en las arcas públicas más de 4 millones de euros. El juicio arrancó con la declaración de los siete acusados , que se defendieron negando las acusaciones, y continuará en dos sesiones mañana jueves y pasado viernes.
Según la Fiscalía, los acusados, obrando de común acuerdo y en acción conjunta, actuaron «con la finalidad de eludir sus obligaciones fiscales aprovechando la normativa comunitaria sobre IVA por las que entregas intracomunitarias están exentas de este impuesto». Con ello, y siendo las adquisiciones extracomunitarias las que tributan como hecho imponible en el país de destino, «simulaban ventas internacionales por parte de MGR para obtener beneficios fiscales».
Una docena de empresas
«Eran auténticos profesionales del fraude fiscal que operaban desde distintos puntos de España y Portugal », asegura a ABC un representante del Ministerio Fiscal en Córdoba para referirse a los siete acusados además de una docena de empresas vinculadas a la empresa de informática MGR que se enfrentan a elevadas penas de prisión y multas.
Los acusados y socios de MGR, y de la que los acusados entre los años 2003 y 2007 eran miembros del consejo de administración y verdaderos gestores de la mercantil y fue desde el año 2003 , cuando los tres acusados contactaron con el también acusado C.A., con quien habían constituido y gestionaba diversas mercantiles tanto en Portugal como en España, alguna de ellas a nombre de testaferros, con domicilio en Jaén. Al frente de las mismas había un administrador que era testaferro y que recibía cantidades entre 2.000 y 3.000 euros por ser tapadera del mismo.
Por los delitos fiscales de 2003, 2004 y 2006 el fiscal pide para R.F. un total de seis años de prisión; al igual que para J.C. y J.C.C. Mientras, para C.A. y S.V., por los delitos fiscales de los años 2003 y 2004, un total de cuatro años de prisión. Para A.O. y B.G. dos años de cárcel.