APUNTES AL MARGEN
La sentencia de una era
Algunas de las personas más poderosas de la autonomía, a la espera de un veredicto sobre su gestión política
El próximo martes, la Audiencia Provincial de Sevilla ha convocado a las partes para dar lectura a la sentencia de la llamada pieza política de los ERE . 21 de las personas más poderosas de Andalucía en el pasado reciente escucharán si, en opinión del tribunal, fueron unos delincuentes o, como sostuvieron en sus declaraciones, unos lilas que no sabían lo que firmaban. Si cometieron unos actos que merecen reproche penal o si, por el contrario, eran unos indocumentados que, a pesar de las apariencias de control político, no tenían ni puñetera idea de lo que ocurría en las propias instituciones que dirigían. La nómina de los encausados da para hacer un almanaque de «gotha» de la autonomía andaluza: Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Francisco Vallejo o Carmen Martínez Aguayo, entre otros. La nobleza socialista sobre la que descansó el poder de la autonomía a partir de que le picaran el billete a Rodríguez de la Borbolla.
He de expresar como cuestión previa mi optimismo bien informado -es decir, mi más absoluto pesimismo- sobre la materia más allá de alguna prevaricación castigada con inhabilitaciones que tendría, dada la edad y la situación de los encartados, un carácter puramente simbólico. Y es una cuestión más cultural que legal o política. No es España un país que penalice las grandes responsabilidades colectivas teniendo a mano robagallinas a los que cargar el muerto. Los acusados no están en el banquillo por robar para enriquecer su patrimonio sino por haber diseñado, mantenido o no vigilado un sistema de aterrizaje suave para crisis industriales pagado con fondos públicos que se convirtió en un arma política para engrasar intereses de partido. Durante la fase final de los años noventa, se produjeron sonoros cierres de empresas que generaron un enorme daño reputacional al PSOE andaluz y que le vio por primera vez las orejas al lobo. La respuesta fue crear una herramienta del presupuesto público que, utilizada de aquella manera, cebó situaciones que podrían calificarse de pillaje.
Las cifras que se barajan sobre la materia aseguran que el sistema repartió unos 700 millones de euros en el plazo de una década, parte de los cuales se dedicaron a beneficiarios fraudulentos. La pieza política, empero, tiene que dilucidar, por medio de una sentencia que ha tardado en escribirse en torno a un año , si el sistema se creó deliberadamente opaco con el objetivo de que pudiese asignar fondos por los designios del dedo que todo lo podía. El tema aquí es la naturaleza misma de la actuación de la Junta, incluida anualmente en la Ley de Presupuestos de la comunidad mediante el famoso fondo de reptiles manejado, en líneas generales -si se me permite el chiste-, por el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. El que ha sido señalado por sus jefes de entonces como el responsable directo de decidir quién recibía y cuánto como si la Administración fuese una asociación de vecinos. El candidato perfecto para comerse el marrón.
La sentencia de los ERE constituye el juicio a una era, la del poder omnímodo del PSOE que desplegaba mapas sobre los que clavaba las chinchetas del presupuesto autonómico. Inocentes o culpables desde el punto de vista penal (que no es el político ni el moral), el desarrollo mismo de los acontecimientos, con sus luces y sus sombras, ha desvelado qué pasa cuando se levanta el velo de los despachos oficiales y empiezan las vergüenzas del «yo no sabía», «nunca lo leí» o «no formaba parte de mis atribuciones».
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