Segunda vuelta para los 651.182 votantes cordobeses

La suerte está echada. Un censo formado por 651.182 ciudadanos , 16.954 de los cuales son cordobeses residentes en el extranjero , está hoy llamado a las urnas para elegir a sus representantes en las cámaras legislativas por segunda vez en poco más de seis meses ; entre los electores se cuentan 4.191 nuevos votantes residentes en España por haber cumplido 18 años desde las últimas elecciones generales . Esta situación excepcional en la historia reciente de España parte de una foto fija en la provincia, que es el reparto de los diputados en los comicios del pasado diciembre: el PSOE y el PP obtuvieron dos escaños por cabeza, de tal manera que ambos partidos perdieron una plaza en el Congreso a favor de Ciudadanos y Podemos, que lograron uno cada uno.

El panorama ha cambiado de un modo importante en los meses en los que han naufragado las negociaciones para llegar a un acuerdo de gobierno. El elemento más importante es que ahora Podemos concurre en confluencia con Izquierda Unida .

Pero los sondeos, entre ellos el que ha publicado este periódico, no estiman que vaya a haber un cambio en el reparto de escaños en la circunscripción. En Córdoba, la previsión sigue siendo que los socialistas tengan dos diputados por otros dos los populares . Mientras tanto, Unidos Podemos crecería en votos pero de forma insuficiente para conseguir el segundo asiento en el Congreso. Ciudadanos, el partido más amenazado por la fusión por absorción de IU por Podemos, mantendría el asiento de Marcial Gómez.

En cuanto a los candidatos, la única novedad es que Manuel Monereo encabeza la plancha de Podemos —en realidad, de Unidos Podemos — en sustitución de Marta Domínguez. El número dos lo ocupa Antonia Parrado, que tuvo el primer puesto en la candidatura de IU del pasado diciembre y que se quedó sin escaño. Las plazas de salida en el resto de las listas no registran variaciones importantes.

Los mensajes de los grandes partidos durante la campaña para estos comicios ha basculado entre las llamadas a la moderación —sobre todo del PP pero también del PSOE— y el apremio a una reacción de las clases populares para favorecer un gobierno con la presencia de Unidos Podemos.