La Secretaría General de Córdoba considera «abusiva» la petición de toda la contabilidad de los grupos

¿Deben facilitar los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba todos los datos de su contabilidad incluyendo las facturas de los gastos incurridos con el dinero que la institución les entrega? El Consejo de Transparencia , el máximo órgano que regula sobre esta cuestión, entiende que sí siempre que se eliminen los datos privados que pudieran aparecer en las facturas. La Secretaría General del Ayuntamiento de Córdoba asegura que es una petición «abusiva» que hay que denegar porque sobrepasa toda la lógica e incluso las propias normas sobre admisión a trámite de peticiones de información de acuerdo a la ley que regula esta cuestión.

La cuestión es que un ciudadano particular decidió pedir una contabilidad detallada de los grupos municipales del Ayuntamiento de Córdoba. Hasta un nivel de detalle nunca conocido hasta el momento. La cuestión tiene pinta de estudio para conocer el grado de transparencia de las instituciones locales porque el particular tiene vecindad en un municipio de Cataluña y la misma petición se ha registrado en otras organizaciones públicas.

La Secretaría General ha instado al Ayuntamiento de Córdoba a que modifique sus actuales pretensiones de no discutir la decisión del Consejo de Transparencia. El Partido Popular pidió un dictamen jurídico que ha enfrentado el parecer de la Secretaría General y la Asesoría Jurídica. Los abogados municipales han informado que no hay ninguna posibilidad de recurrir . Secretaría General asegura que ese argumento «es incomprensible» ya que, afirma, la petición no se encuentra justificada en los casos donde la ley permite el acceso de ciudadanos particulares a datos públicos.

La contabilidad de los grupos municipales siempre ha sido un agujero negro de información tolerada por todas las partes dado que los grupos políticos, todos, participan del mismo sistema. Teóricamente, el dinero se entrega para que los grupos municipales puedan realizar estudios o adquirir material fungible. La realidad es que el dinero acaba siempre en las arcas de los partidos políticos en supuestos convenios de servicios prestados. Son unas subvenciones que no se justifican de la misma manera que las demás.