«Sandokán», investigado de nuevo en Córdoba por otro delito fiscal

El empresario Rafael Gómez «Sandokán» apenas lleva un mes fuera de la cárcel de Alcolea desde que el juez de Vigilancia Penitenciaria le concediera el tercer grado y ya tiene nuevos problemas con la Justicia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba investiga al ex presidente de Arenal 2000 por un presunto delito de fraude a la Seguridad Social , según ha podido constatar ABC.

El nuevo proceso judicial abierto contra Gómez está en fase de investigación por lo que el Juzgado de Instrucción ha solicitado una serie de diligencias a la Tesorería de la Seguridad Social . Este contratiempo judicial podría poner en solfa el cambio de grado que se le ha otorgado y que le ha permitido cumplir sólo un cuarto de la condena impuesta por dos delitos contra la Hacienda Pública.

De hecho, en el recurso de apelación que el Ministerio Público ha elevado al órgano juzgador de la causa principal, - Penal número 3 de Córdoba - este proceso judicial abierto es uno de los extremos que aporta la Fiscalía para revocar su tercer grado.

El nuevo recurso del fiscal ha sido redactado en base a la destimación del recurso de reforma e intenta desvirtuar las alegaciones del juez de Vigilancia Penitenciaria que justificaban la concesión de ese régimen de semilibertad del que se beneficia Gómez desde el pasado día 4 de marzo .

El primer punto que alega el Ministerio Público, según ha podido saber ABC, contra la concesión del nuevo grado penitenciario es que el empresario cordobés no es un delincuente primario -es decir, una persona que por primera vez ha sido investigada-, ya que le consta una condena saldada en la que eludió prisión con una multa en el caso Malaya en la Audiencia Provincial de Málaga, y este tercer asunto que ha saltado en el Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba en 2018 por un presunto delito contra la Seguridad Social.

Según han informado a ABC fuentes de la Fiscalía, existen muchas contradiciones en ese auto del juez de Vigilancia Penitenciaria porque si bien tomaba por bueno el informe a favor de un educador de la cárcel en el que éste exponía que Gómez recnocía su delito , el juez asumía que el hecho de que el encartado no se hubiera mostrado arrepentido no era obligatorio para la concesión del tercer grado.