Salud insiste en exigir el pasaporte Covid para el ocio nocturno y actividades deportivas en Andalucía

La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía va a solicitar de nuevo al Gobierno central la autorización para exigir el pasaporte Covid antes de acceder a determinadas actividades y centros, una medida que ya se aplica en algunos países europeos y que también han reclamado varias comunidades autónomas en España.

El consejero del ramo, Jesús Aguirre, ha explicado hoy en Córdoba que la medida no se aplicará -si se consigue el permiso- en todos los lugares de reunión social, sino más bien en aquellos en los que se pueden concentrar grandes multitudes, sobre todo si son espacios cerrados.

A ellos se ha referido Aguirre como «determinadas actividades de ocio nocturno y actividades folclórico-deportivas» . No ha mencionado el consejero la hostelería, el comercio ni la restauración, ni tampoco ha aclarado qué entiende la Junta por «actividades folclóricas». También haría falta el pasaporte Covid para entrar en los recintos sanitarios o sociosanitarios.

No es la primera vez que la Junta propone esta medida que limita el acceso a determinados accesos. Lo intentó el pasado verano para las discotecas y el ocio nocturno , pero el TSJA primero y el Tribunal Supremo después invalidaron las intenciones del Gobierno autonómico.

Ahora las circunstancias son diferentes y Aguirre cree que los jueces deberían cambiar su postura llegado el momento . El argumento es sencillo: en agosto la campaña de vacunación aún no estaba extendida entre toda la población, por lo que limitar derechos de acceso podría resultar discriminatorio . Y así lo entendieron los tribunales que se pronunciaron.

A estas alturas del año, sin embargo, más del 90 por ciento de toda la población diana de Andalucía (los mayores de 12 años) ya tiene su pauta completa, por encima de la media española. Y el acceso a los viales es ahora fácil y universal gracias a los puntos de vacunación sin cita previa . En conclusión, Aguirre ha dicho en su estilo desenfadado que «el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda».

Esta medida requiere la coordinación de las demás autonomías a través del Consejo Interterritorial de Salud Pública . La idea de fondo es garantizar la seguridad de quienes están vacunados, pero también incitar a quienes no quieren vacunarse a que lo hagan o, de lo contrario, «tendrán limitado el acceso a muchos sitios», en palabras del consejero. Ahí es donde se presenta el mayor escollo legal de la propuesta, por lo que Aguirre estima que sería «ideal» una reforma jurídica que permitiera tomar este tipo de decisiones con mayores garantías.