ANÁLISIS

La salida de Rafael del Castillo (IU) constata una fisura política en el cogobierno de Córdoba

El PSOE no se siente aludido por las críticas al equilibrio de poder y lo achaca al desgaste por una delegación compleja

Rafael del Castillo saluda a colectivos vecinales a las puertas del Ayuntamiento ÁLVARO CARMONA

IRENE CONTRERAS

Entre un ambiente enrarecido y un carrusel de declaraciones estrictamente medidas transcurrió el primer día en el Ayuntamiento de Córdoba tras la dimisión del delegado de Servicios Sociales, Rafael del Castillo . El protagonista no quiso dar más explicaciones sobre una salida del cogobierno que ha sido abrupta pero meditada, según reconocen en IU. Del Castillo se remitió al comunicado con el que anunció su decisión el jueves, un alegato contra la « legislación de derechas » salpicado con algún que otro recado para el PSOE. Críptico, eso sí. Tanto que en las filas socialistas rechazaron sentirse aludidos por las referencias del edil de IU a una « correlación de fuerzas que no es la más favorable para llevar a cabo políticas de izquierdas».

Tanto la alcaldesa, Isabel Ambrosio , como el teniente de alcalde de Presidencia, Emilio Aumente , restaron importancia al dardo de su socio de gobierno. Aumente no quiso entrar a valorar sus palabras y achacó la decisión a la «presión» que se sufre al estar al frente de una delegación compleja . Por su parte, la regidora dio su propia interpretación de las mismas. A su parecer, Del Castillo no hablaba de la correlación de fuerzas en el seno del bipartito -en el que los cuatro concejales de IU comparten gobierno con siete ediles del PSOE- sino en el conjunto de la corporación local . En el Pleno, los once concejales con responsabilidad de gobierno se enfrentan a una oposición de 14 ediles de los grupos de PP, Ciudadanos y UCOR. Este desequilibrio ha hecho que el cogobierno dependa al cien por cien de los cuatro miembros de Ganemos , que ni son gobierno ni son oposición, para sacar adelante sus propuestas.

Servicios Sociales, del deseo a la realidad

Hace dos años, cuando se produjo el reparto de áreas entre PSOE e IU, la formación de izquierdas pugnó por quedarse con una delegación estratégica para desarrollar su programa: el área de Servicios Sociales. La situación de «emergencia social» que vivía Córdoba era el principal motivo que llevó a activistas de calle como Rafael del Castillo a implicarse en la política institucional. Su objetivo: hacer cosas para cambiar las cosas. Dos años después, los logros conseguidos por su delegación no han cumplido sus expectativas.

El principal hito que se le atribuye es la creación de la Oficina en Defensa de la Vivienda, un órgano llamado a combatir la lacra de los desahucios y asesorar a quienes ya han perdido su hogar. Sin embargo, la realidad de esta oficina dista mucho de ser la que soñó IU. Hace meses, el funcionario al que el gobierno municipal colocó como director de este organismo presentó su dimisión. Desde Ganemos, fieles defensores de la política social, afirman que la Oficina de la Vivienda se ha convertido en una «trituradora de personas». Entre otras cosas, por la frustración que genera conocer de primera mano la situación de ciudadanos que llegan desesperados en busca de soluciones que el Ayuntamiento no puede dar.

Del Castillo: «A veces hay que irse porque ya no hay nada más que hacer o porque no te dejan hacer más»

Los problemas para la contratación de personal y las restricciones de la legislación estatal para los ayuntamientos son las primeras causas a las que apunta IU para explicar esta circunstancia. Motivos que también pueden justificar el fracaso de otra de las iniciativas que ha pretendido impulsar IU sin éxito hasta el momento: la municipalización de la ayuda a domicilio. Del Castillo ha sido muy combativo con la empresa que actualmente gestiona este servicio mediante concesión municipal, Clece. Las trabajadoras de la firma han protagonizado sonadas protestas por sus condiciones laborales. El edil las ha acompañado, entre promesas de que haría todo lo posible por la subrogación de la plantilla. Supondría convertir en trabajadoras municipales a más de 800 empleadas. Un propósito loable, pero con pocas posibilidades de llevarse a la práctica.

Por ahora, el cogobierno ha prorrogado por un año el contrato de Clece a la espera de encontrar una vía que permita municipalizar el servicio. Hay una comisión constituida para ello. Este asunto causó roces entre PSOE e IU: los socialistas apostaban por una prórroga de dos años, lo que habría cerrado la puerta a todo intento de municipalización durante el presente mandato. Del Castillo defendió que IU estaba siendo «consecuente» con los compromisos adquiridos, mientras que el PSOE actuaba de forma «contradictoria» al escurrir el bulto hacia la próxima corporación municipal.

Entretanto, Del Castillo guarda silencio «por responsabilidad». Al menos, de manera oficial. En el plano oficioso -y personal- la realidad es otra. Ayer dejó unas palabras de despedida en su perfil de la red social Facebook: «A veces hay que irse, no porque uno quiera irse, sino porque ya no hay nada más que hacer ahí en donde estás o porque no te dejan hacer más».

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