La revisión catastral ha hecho aflorar casi 1.600 millones en la provincia

Una notificación oficial que llega a casa. Una resolución tributaria en la que se señala que la descripción del inmueble que figura inscrita en el Catastro no coincide con la realidad. Y todo ello en base a una nueva planimetría que sale de un vuelo de dron inquisidor o el cruce de datos técnicos. Resultado: el incremento del valor catastral de la vivienda y, por consiguiente, del Impuesto de Bienes Inmuebles ( IBI ). A pagar la diferencia en los últimos cuatro años -tope que no prescribe por ley- no tributados y puesta al día. Opciones: recurrir . Compleja tarea que apenas se acaba dando en un 2% de todos los casos. Un proceso que puede acabar incrementando aún más el «susto» en el bolsillo de cualquier hogar.

De manera simple esta es la sensación que han vivido miles de cordobeses en los últimos años después de que la Dirección General del Catastro en colaboración con la Agencia Tributaria haya realizado una profunda y polémica regularización catastral para detectar el fraude fiscal inmobiliario. Nuevas construcciones o alteraciones de las existentes: reformas, rehabilitaciones o superficies no declaradas en su día.

Entre 2014 y 2016, ambos organismos han regularizado en la provincia de Córdoba 59.300 inmuebles (el 80% urbanos y el resto rústicos) correspondientes a 46 municipios (ver gráfico) en los que su labor inspectora ya ha concluido. A comienzos de año, se trabajaba en otros 13 puntos . Entre ellos, localidades como Lucena, Palma del Río y Pozoblanco . Aún restan actuar en otros 16 núcleos urbanos. En principio, la previsión es que todo este trabajo pendiente acabe el 30 de noviembre de este año .

Según los datos oficiales del Catastro a los que ha tenido acceso ABC, estas actuaciones han hecho aflorar una jugosa tarta valorada en 1.586 millones de euros , que es el valor catastral de todas las construcciones nuevas o reformadas localizadas. Al aplicar sobre esa base imponible del padrón del IBI los respectivos coeficientes en cada localidad, resulta que las arcas municipales de esos 46 ayuntamientos se han topado hasta finales de 2016 con un «pellizco» recaudatorio neto de 54 millones de euros, según las fuentes consultadas por este periódico. Hay que recordar que este impuesto es una de las principales vías de recaudación de todo consistorio.

De manera ponderada, cada regularización catastral ejecutada ha dejado una media de 910 euros en el ayuntamiento correspondiente, gracias a un valor medio de los inmuebles o las construcciones no declaradas de 25.300 euros de promedio.

Una de cada tres regularizaciones se ha debido a construcciones nuevas , en su mayor parte, terreno abonado para las conocidas parcelas ilegales o viviendas residenciales. Esto es, casi 20.000 casos en los 46 municipios de los que se cuenta con datos. El resto obedece a ampliaciones, rehabilitaciones o reformas realizadas sin que se hayan declarado «a fin de que todos tributen conforme a la realidad de sus inmuebles», apostilla el Catastro. Sólo en Córdoba capital se han producido 13.290 actualizaciones de la ficha catastral. En un 60% de los casos, mejoras o reformas no declaradas. En un 25%, nuevas edificaciones.

Auditores alerta de que el alza del valor catastral no sólo influye en el IBI a pagar, sino en otros tributos: Plusvalía, Transmisiones o Sucesiones y Donaciones , mientras que el Ministerio rechaza las acusaciones de que el proceso incurra en muchos errores y se defiende indicando que menos de un 2% de los dueños recurren.