Covid Córdoba
Los reclusos de la prisión de Córdoba ‘desescalan’ tras dos meses encerrados con el Covid
La cárcel de Alcolea vuelve poco a poco a la normalidad tras el brote que ha afectado a un tercio de los internos; el episodio epidemiológico ha puesto el acento en las carencias que tiene el centro, como la falta de personal
Un tercio de la población reclusa del centro penitenciario de Alcolea ha permanecido durante dos meses confinada como consecuencia del brote de coronavirus que ha afectado, concretamente, a más de 400 internos y a una decena de funcionarios . La adopción de las preceptivas medidas para evitar la propagación del virus ha servido para controlar su expansión: será a partir del próximo miércoles, 15 de diciembre , cuando la Consejería de Salud y Familias dé por finalizado el capítulo epidemiológico, siempre y cuando no se detecte ninguna incidencia de especial relevancia.
Los test PCR realizados a los contactos estrechos de los últimos 48 internos con la infección activa han resultado negativos. Los presos que no se pudiero vacunar con la dosis de refuerzo , bien por haber sido positivo o por algun otro motivo, serán inmunizados en breve.
Actualmente, son cuatro los funcionarios afectados que continúan de baja. La mayoría de los reclusos que han contraído la enfermedad han sido asintomáticos o la han pasado de forma leve. Eso sí, ha habido un fallecido (aunque presentaba patologías que lo hacían vulnerable) y otro tuvo que ser hospitalizado, pero ya fue dado de alta.
Así, con la situación bajo control, el complejo comenzó el pasado jueves su particular ‘desescalada’ : parte de las instalaciones han vuelto a recuperar la ‘normalidad’ anterior y se han retomado los permisos penitenciarios : diez reos han sido los primeros en salir y tendrán que hacer cuarentena a su regreso, así como realizarse test de antígenos antes de pasar a sus módulos. No obstante, por el momento, los vis a vis continúan suspendidos, así como los talleres, si bien este pasado viernes ya accedieron dos monitores de Proyecto Hombre y otros dos del Centro Provincial de Drogodependencia, según la última información comunicada por la dirección del centro.
Por otro lado, también se mantiene aplazadas las obras correspondientes a la reforma integral de la cárcel cordobesa, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros y que incluye mejoras en las celdas, un nuevo sistema de interfonos y una nueva red de abastecimiento de agua, entre otras actuaciones.
El macrobrote de Covid en un recinto de estas características ha puesto a prueba la capacidad organizativa del complejo y ha destapado tanto sus potencialidades como sus puntos débiles, según reconocen fuentes penitenciarias. «Gestionar el cumplimiento de las medidas ha sido un trabajo de locos; hubo que separar a los positivos y luego aislarlos por módulos, lo que supuso desplazar a un gran número de reclusos ; otro problema fue organizar a los internos con destinos:presos que trabajan en panadería, en cocina, en mantenimiento...», señalan desde dentro de las instalaciones.
Las organizaciones sindicales han aplaudido la «profesionalidad» mostrada por todo el personal ya que, «a pesar de las enormes dificultades, han sido capaces de superar esta situación, poniendo incluso en riesgo sus vidas y las de sus familias».
También ha sido ejemplar «el comportamiento de la mayoría de los internos del centro penitenciario que, a pesar de estar confinados y de no poder tener contacto con sus familias han entendido la situación y han aceptado las duras, pero necesarias, limitaciones que se han decretado», han apuntado desde Acaip-UGT, y refrendado desde CSIF.
Eso sí, esta situación límite «obliga» a alzar la voz a los representantes de los trabajadores, que han comprobado que la falta de medios que vienen denunciando desde hace tiempo «se ha hecho más patente en un episodio como este», indican.
Desde estas organizaciones se pone de relieve el «importante déficit de funcionarios de prisiones que afecta al centro de penitenciario de Alcolea, ya que actualmente hay vacantes sin cubrir en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) del complejo. Se trata de una situación inadmisible de carencia de efectivos en la prisión, cuyo personal afronta su trabajo diario con una enorme falta de medios y bajo una gran presión».
Esto se traduce en que «en módulos en los que deberían trabajar cinco o seis funcionarios solo hay tres o cuatro. Ahora dedicamos más tiempo a cuestiones burocráticas que a la vigilancia en sí. Si se necesita un trabajador para estas cuestiones eso significa que hay un funcionario que no está cacheando, que no está vigilando el patio, que no está pendiente de comedor», apuntan desde el centro.
Esas carencias se dejan notar también en una falta de medios , como los informáticos: «hay muy pocos ordenadores cuyo uso se comparte;son los que no quieren en otras administraciones y a algunos, incluso, les faltan teclas»; a eso se suma la falta de chalecos , «que supuestamente deberían servir para todos, pero son de diferenets tallas y, claro, si un funcionario se tiene que enfrentar a un preso agresivo, ¿cómo se va a proteger un chaleco que le está tres tallas más grande?», se preguntan desde estos colectivos.
Además, desde 2002 se viene constatando el envejecimiento de la plantilla , con una edad media de 55 años, «personas que se tienen que enfrentar en muchas ocasiones a internos en una situación de clara desigualdad por edad y condiciones físicas».
Por todo ello, los sindicatos piden «más seguridad para los trabajadores , que se cumpla el protocolo contra las agresiones, que se nos proporcione una formación continua y adecuada al trabajo que desempeñamos y que, de una vez por todas, se nos reconozca como agentes de la autoridad en el ejercicio de nuestras funciones».
Una decena de presos yihadistas
Actualmente, en el centro penitenciario cordobés no cumple condena ningún preso especialmente conflictivo; no hay ningún recluso en régimen FIES (Fichero de Internos de Especial Seguimiento) , aunque sí hay en torno a una decena de condenados a penas de cárcel por yihadismo.
«Hace ya tiempo que, afortunadamente, no se registran agresiones a funcionarios en la prisión de Córdoba. Los problemas que se desencadenan se dan en los módulos de aislamiento , así como los conflictos ‘normales’ entre los reclusos por temas de drogas, establecer jerarquías en los patios y demás cuestiones de este tipo», señalan fuentes de la cárcel.
El último suceso de relevancia tuvo lugar en mayo de 2020 ; dos reclusos en el módulo 10 intentaron sublevar al resto de internos del departamento donde destrozaron sus celdas y colocaron los colchones en las puertas de las celdas para impedir el acceso de los funcionarios, que tuvieron que intervenir con escudos y cascos.
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