La «vía rápida» del contrato menor

Se trata de una práctica tan controvertida como necesaria. Si no existiera la contratación menor , la «vía rápida» para los procedimientos de contratación pública en cuantías por debajo de los 18.000 euros sin IVA, absolutamente todos los desembolsos que llevan a cabo los Ayuntamientos para adquirir servicios o suministros tendrían que pasar por un proceso de licitación que ralentizaría la gestión diaria. Sirva como ejemplo la reciente adjudicación de las obras de Capitulares , que se han ido de plazo, precisamente, por complicaciones derivadas del concurso público.

Sin embargo, la senda del contrato menor, avalada por la Ley de Contratos del Sector Público y que no precisa de controles rígidos ni de publicidad, queda en manos de quien los propone y ejecuta y por ello abre la puerta a posibles adjudicaciones «a dedo» y al establecimiento de criterios diseñados a medida para favorecer a determinadas empresas. Por este motivo, la contratación de una firma con evidentes lazos en el PSOE para una auditoría digital del Ayuntamiento -objeto para el que se contactó a tres empresas, de las que sólo una ( RedLines ) llegó a presentar oferta- ha despertado las sospechas de la oposición, que pide al cogobierno un ejercicio de mayor transparencia en la gestión de fondos públicos .

No es el único caso que ha hecho saltar las alarmas. De hecho, también los sindicatos apuntaron en su momento hacia esta práctica. Fue en el primer tramo del mandato de IU y PSOE. Los ánimos ya estaban caldeados después de que Servicios Sociales asignara a dedo entre la plantilla municipal el personal que formaría parte de la oficina de intermediación hipotecaria en lugar de abrir una convocatoria, y a este malestar se sumó la contratación directa de dos abogadas de Stop Desahucios . Más recientemente, este periódico reveló los curiosamente rígidos requisitos que exigía el Ayuntamiento para contratar al arquitecto que dirigirá la Bienal Internacional de Patrimonio de Córdoba . El perfil que se buscaba era el de un experto en proyectos de cooperación internacional , y concretamente en el patrimonio de la ciudad chilena de Valparaíso .

El «mosqueo» a la oposición viene además motivado por la tramitación de contratos a su juicio innecesarios , como el del nuevo informe de viabilidad del Metrotrén , por valor de 21.000 euros, que servirá para actualizar una información de la que ya dispone el Consistorio a través de otros tres estudios. Los últimos datos son de febrero de este mismo año.

Al hilo de los últimos acontecimientos, los grupos del PP y Unión Cordobesa (UCOR) en el Ayuntamiento se lanzaron a criticar la querencia de PSOE e IU por la vía del contrato menor. Lo cierto es que también el PP recurrió con bastante frecuencia a este tipo de contratación. En el portal de transparencia de la página web del Ayuntamiento se puede consultar la relación de contratos menores suscritos desde 2015 y, de hecho, durante el primer trimestre de 2015, con el PP en el gobierno, se cerraron 146 contratos menores frente a los 35 del mismo periodo de 2016. El uso de la contratación menor también ha salpicado a las filas del PP: precisamente, el exconcejal popular Miguel Reina está siendo investigado judicialmente a raíz de una denuncia del sindicato CTA sobre el supuesto fraccionamiento en contratos menores de un servicio de bufete de abogados, lo que por su cuantía le permitía designar la empresa a dedo sin sacar el objeto a concurso. En una situación similar se encuentra el también exconcejal del PP Rafael Navas por un caso relacionado con la externalización de servicios del Alcázar.

Tras revelarse que el PSOE contrató a una empresa afín para realizar un diagnóstico de la identidad social del Ayuntamiento, UCOR pidió más transparencia en la gestión de los fondos municipales y una correcta justificación de gastos. El concejal Rafael Serrano argumenta que, «con la que está cayendo», en relación a la proliferación de casos de corrupción política , es preciso hacer un verdadero esfuerzo por transmitir seguridad a la ciudadanía sobre la gestión honesta de la hacienda pública . «No se entendería de otra manera», afirmó.