Comisión de investigación
Rapapolvo parlamentario a María José Lara
La exdirectora general de Formación se niega a declarar porque estuvo poco tiempo en el cargo
La exdirectora general de Formación de la Junta , la lucentina María José Lara , detenida en marzo de 2015, ha recibido un rapapolvo parlamentario prácticamente generalizado ante su decisión de no dar explicaciones políticas ante la comisión parlamentaria. La práctica totalidad de los grupos afearon a Lara la decisión de no contestar a la que tiene derecho constitucional.
Lara, básicamente, dijo que ella pasaba por allí y que no tiene mucho que decir al respecto. Y los grupos le dijeron que no tenía por qué declarar contra sí misma pero que tenía la obligación política y moral de dar explicaciones.
La argumentación de la exdirectora general de Formación es que estuvo muy poco tiempo en el cargo . Teóricamente, estuvo más de un año aunque, dijo, determinadas cuestiones personales le hicieron estar ocho meses en los que hizo labor de continuidad. Los grupos parlamentario le echaron en cara su absoluta falta de formación en la materia antes de asumir el cargo.
Lara aseguró que siempre cumplió la ley y las directrices tanto de sus superiores como los criterios transmitidos por los servicios técnicos. « Y o no soy un cargo político ni orgánico actualmente. No recibo instrucciones de nadie, bastante lo he hecho ya », dijo quien entregó el carné antes de ser detenida. «Actué con toda la honradez y el conocimiento que tenía», aseguró.
Todos los grupos políticos hicieron sus preguntas a pesar de que Lara no llegó a contestar ninguna. Reprendieron a la exalto cargo del PSOE, que fue una dirigente relevante del partido en la provincia , por su actitud en tanto que se respetaba su derecho a no incriminarse pero tampoco a dar explicación alguna a cómo se gestionaba el dinero público.
Sedes compartidas
Un ejemplo de ello fue el parlamentario del PP Miguel Ángel Torrico quien hizo públicos correos electrónicos de personal externo a la Junta en la que se daban criterios para otorgar ayudas a UGT por valor de millones de euros. Torrico preguntó expresamente si se dieron ayudas a UGT para dar cursos en la sede del PSOE de la localidad de Lucena , de la que Lara fue militante.
Además, reclamó datos, sin éxito, de cuántas homologaciones de sedes socialistas firmó para que pudieran dar cursos de formación de terceros. Es conocido que el sindicato llegó a acuerdos en distintas localidades, como Nueva Carteya y otras , para sus iniciativas de formación.
Lara tiene su mayor problema penal en la gestión de determinados consorcios de formación que presidía por razón de su cargo, que incluyen gastos para cabalgatas de reyes magos o para familiares de altos cargos de las mismas entidades.
El PSOE acusó al PP de «instalarse en el basureo» por «lanzar sombras de dudas sobre la financiación de su partido». «Le invito a que digan lo que han dicho fuera de estas cuatro paredes», dijo el parlamentario socialista Sánchez Haro, quien invitó a Torrico «a hablar de sobras y de la sede de Génova». El socialista fue el único grupo que no criticó a Lara por acogerse a su derecho a no declarar.
