Apuntes al margen
Poder popular en la Viñuela
La consulta ciudadana no es del gusto de quienes abogaban por presupuestos públicos hechos por vecinos
Los residentes del barrio de la Viñuela acaban de protagonizar un ejercicio de eso que la izquierda-izquierda, la chachi que te cagas, llama poder popular. En una votación organizada por la asociación de vecinos, acaban de anunciar cuál es la opinión mayoritaria sobre la peatonalización parcial de la avenida principal del barrio. La calle se cerró al tráfico hace un año de forma provisional tras un acuerdo entre el gobierno municipal y el comercio de la zona.
El cierre de la Viñuela fue la primera propuesta seria de peatonalización que se hacía fuera del Centro de Córdoba . El resultado de la votación ha sido masivamente contrario a la medida de forma que el Ayuntamiento ya ha dejado caer que está dispuesto a revertir la situación y volver a abrir la zona al tráfico rodado.
La asociación convocante asegura que el rechazo ha sido cercano al 70 por ciento. En realidad, se trata de una votación no vinculante y realizada fuera de los canales oficiales. Las consultas ciudadanas constituyen una figura legalmente reglada que se convocan con todas las formalidades de una cita electoral. Las tiene que autorizar, además, el Consejo de Ministros como acaba de ocurrir con la propuesta de dos municipios extremeños, Don Benito y Villanueva de la Serena , que pretenden crear un término municipal conjunto de más de 60.000 vecinos.
El asunto de la Viñuela es interesante más allá del caso particular. La izquierda cordobesa ha tomado el asunto con la ceja alzada al tocar uno de los ejes de la política de movilidad más queridos, la reserva de espacios a peatones. Las quejas no han sido de momento atronadoras por una cuestión de procedimiento. En Córdoba se han venido defendiendo procesos de diálogo vecinal organizado para incidir en las políticas públicas.
Sobre todo con IU, se crearon los procedimientos de presupuestos participativos a raíz de la creación de estas iniciativas en Sao Paulo (Brasil) en 2001. La idea era que los vecinos organizados fuesen los que tomasen las decisiones sobre las inversiones de proximidad. Un análisis sincero de aquellas actividades solo puede llevar a una cierta melancolía. El proceso era de todo menos participativo (no iba nadie) y nada garantizaba que la calle que se proponía reparar al final se reparaba.
El sistema democrático en España tiene carácter representativo. Consiste en votar periódicamente en elecciones libres dotando de poderes a una serie de personas para que tomen las decisiones que afectan a lo común. Pasado ese tiempo, se vuelve a votar. Si los gestores elegidos han obrado correctamente, siguen. Si han sido desastrosos, se les manda a casa. Todo lo demás (diálogo social, movimiento vecinal, intereses empresariales...) es un ejercicio de lobby. Incluso esta votación es un caso de libro de presión.
Órale con lo que viene. Si el alcalde -que es el cargo representativo- toma la decisión de revertir la peatonalización, nada impide a vecinos de otras zonas que tienen que lidiar con medidas similares repetir la jugada. Buena parte del Casco Histórico y el Centro asistió a sus propios procesos de organización del tráfico exclusivamente para residentes sin poder decir esta boca es mía. Se decidió por decreto, entiendo, porque era lo mejor para la ciudad o para el medio ambiente. De hecho, ahora hay que arbitrar una zona de bajas emisiones de carácter obligatorio en el que se tendrá que vetar la presencia de determinados vehículos en partes concretas de la ciudad. Y ahí quiero ver la sensibilidad que se ha tenido en la Viñuela.
